Política

Acusados por corrupción en la UNT logran demorar el juicio en su contra

El ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola, y los coimputados Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino lograron demorar el arranque del juicio en su contra por la presunta comisión de hechos de corrupción, cometidos con fondos mineros.

Aún si no hubieran más demoras, el juicio oral comenzará el primer semestre de 2020 luego que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) aceptara la práctica de dos peritajes, uno contable y otro de ingeniería civil.

Se trata de operaciones arduas por la información voluminosa implicada. Las medidas habían sido aceptadas en mayo, pero el tribunal las activó recién en julio. En ambos procesos deben intervenir peritos del Poder Judicial de la Nación, que aún no fueron sorteados.

El TOF integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Jorge Abelardo Basbus (subrogante) puso en marcha en febrero los preparativos para la sustanciación de este juicio, recuerda La Gaceta.

Ocho años

Aunque la investigación de las denuncias tardó casi ocho años, y en ella prestaron soporte técnico Gendarmería; la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), entre otros organismos, el TOF consideró viable sumar peritaciones con control de parte que habían pedido Cudmani, Sacca, Venturino y Cerisola.

Los cuatro deben rendir cuentas por la responsabilidad que, según la pesquisa, les cupo en el presunto manejo indebido de las utilidades que la UNT recibió de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2009.

Las denuncias sostienen que ingresaron $ 340 millones o U$S 85,5 millones, según la cotización de hace una década. Es este el primer enjuiciamiento de posibles hechos de corrupción asignados a la máxima autoridad de la casa de altos estudios que fundó Juan B. Terán en la historia centenaria de esa institución.

Sin abogado

Otra vicisitud afecta a la causa penal además de la demora ligada a la confección de las pruebas periciales. Sucede que la UNT se quedó sin abogado querellante a partir del mes pasado, cuando Diego Lammoglia asumió como camarista penal en la Justicia provincial.

La contratación de ese profesor universitario había impuesto un arduo debate en el Consejo Superior por los costos elevados y la sensibilidad del servicio.

La UNT a cargo del rector José García aún no comunicó al TOF el nombre del reemplazante de Lammoglia. El proceso puede continuar sin querellante, pero esa opción debilitaría la posición de la institución que habría sido afectada -económica y moralmente- por los presuntos delitos atribuidos a los coimputados.

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