País

Piden cárcel para los que destrozaron el Congreso

El juez Sergio Torres había procesado a los militantes del Partido Obrero César Arakaki y Dimas Ponce por haber participado de los incidentes del 18 de diciembre pasado en el Congreso en la marcha contra la Reforma Previsional.  

Primero los detuvo y luego, con el procesamiento los liberó. El juez consideró que, según las imágenes, no fueron ellos quienes hirieron de gravedad al policía de la Ciudad Brian Escobar. Ese policía aparece tirado y Arakaki y Ponce se le acercaron y le pegaron pero no fueron los que le produjeron las heridas en la cabeza.

Torres los había procesado por los delitos de “lesiones en agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad, agravado por haber sido cometido a mano armada y por una reunión de más de tres personas” y dispuso la libertad.

El fiscal Carlos Rívolo apeló lo decisión de Torres de liberar a Arakaki y Ponce. Y esa apelación fue respaldada ahora por el fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, quien pidió que los militantes del PO vuelvan a ser detenidos. 

Moldes, en un escrito al que accedió Infobae sostuvo que “sobran los indicios que demuestran que Arakaki y Ponce revistan como cuadros o tropa de una disciplinada y belicosa milicia dotada de estructura y organización semi-militarizada y que, en tal carácter, participaron de las acciones del 18 de diciembre en la Plaza de los Dos Congresos, cuando se alzaron contra uno de los poderes del Estado para impedir que cumpla su función”.

Y siguió: “De ese modo y teniendo en consideración los medios y dispositivos ofensivos con los que concurrieron a lo que se suponía no sería otra cosa que una ’manifestación pacífica’ entiendo, con el Fiscal apelante, que tal como lo exige el código represivo nos hallamos frente al supuesto de quienes ’se alzaren en armas contra alguno de los poderes públicos del Gobierno nacional …’ o procuren “… impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales”.

Nueva calificación 

Pidió que se le cambie la calificación legal del caso y pase a ser considerado como un alzamiento contra uno de los poderes del Estado, algo previsto en el artículo 226 del Código Penal donde se contempla una pena de cinco a quince años de prisión.

Moldes explicó que “es que esa agresiva caterva –de la que los imputados forman parte- no actúa de manera inconexa ni desordenada. Por el contrario despliega una aceitada gimnasia apta para eludir el accionar policial echando mano a todo un rimero de elementos de camuflaje y disfraz con el fin de evadir la acción de las fuerzas del orden y una parafernalia de asistencia anterior, concomitante y posterior al desarrollo de su actividad criminal. Me refiero al auxilio y la participación orgánica de socorristas, profesionales, comunicadores y supuestas ’organizaciones sociales’ prevenidas al efecto”.