Policiales

Apelarán el fallo de las prisiones preventivas: ayer se hicieron más de 60 presentaciones

“Si beneficiaron a dos detenidos al declarar la inconstitucionalidad de la prisión preventiva, se deberían resolver de igual forma los casos de mis clientes, quienes afrontan condiciones procesales similares”. Así opinó el abogado defensor José María Molina, quien, sin demora, concretó una docena de planteos ante la Cámara de Apelaciones del fuero penal para que se resuelvan las excarcelaciones de sus pupilos.

Molina no fue el único letrado que actuó ayer con premura en Tribunales de avenida Sarmiento al 400. Tras confirmarse el fallo en segunda instancia sobre las causas de los guardiacárceles Héctor Morales y Juan Lucas Rodríguez, en la Cámara se registraron más de 60 presentaciones, según informaron fuentes judiciales.

Los dos agentes están detenidos en el marco de la investigación del homicidio del recluso Rubén Alejandro Medina, ocurrido en diciembre de 2015. Todavía no fueron condenados y se mantiene la presunción de inocencia sobre ellos. El año pasado, la fiscal Adriana Giannoni había solicitado la prisión preventiva para ambos, aunque luego Manuel Pedernera y Ezequiel Filmann, defensores de los imputados, apelaron el fallo judicial que había hecho lugar al requerimiento.

Dentro del proceso penal, la Cámara de Apelaciones decretó días atrás la inconstitucionalidad de esas medidas cautelares, debido a que no se había respetado el derecho del imputado o el patrocinador de plantear su oposición al pedido de la Fiscalía de Instrucción, en una audiencia.

“La supresión del derecho a ser oído -al no conceder audiencia o al menos vista- y la disposición de la prisión preventiva por ‘acuerdo’ entre el fiscal requirente y el juez de control, tiene para este vocal serios reparos constitucionales y convencionales”, consideró el magistrado Enrique Pedicone en su voto contra esta medida cautelar. Dante Ibáñez, quien reemplaza a Liliana Vitar, votó en la misma línea. El juez Eudoro Albo, el tercer integrante del cuerpo, se opuso a la resolución.

La recusación

Mientras que los abogados se apuraban a concretar sus presentaciones en tribunales de barrio norte, el ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, dijo que evaluaba solicitar la invalidez de la sentencia de la Cámara de Apelaciones, a través del recurso procesal. “Se trata de un fallo que impone mayores requisitos para dictar una prisión preventiva, que es lo que la ley persigue. Y estos requisitos son que se escuche a la persona que va a estar detenida y a su defensor en una audiencia. Estamos viendo y analizando qué posibilidades tiene el Ministerio Público de recurrir este fallo y, seguramente, vamos a opinar en los recursos de hábeas corpus, porque institucionalmente nos corresponde”, expresaba en una entrevista.

Por la tarde, el fiscal de Cámara, Alejandro Noguera, confirmó que acudirá a Casación para apelar el fallo de segunda instancia. El funcionario fue notificado e inmediatamente anunció que en la presentación se hará hincapié en que la sentencia genera “gravedad institucional” y que se aplica de manera incorrecta el derecho para redactarlo.

El caso generó conmoción durante toda la mañana. Los abogados se mostraron atentos y los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia y un Poder Ejecutivo (PE) cauteloso. Pero, sin dudas, el caso de los guardiacárceles resonó en las sedes judiciales y de gobierno durante todo el día.

“Es un fallo de avanzada porque se cumple lo que realmente dice el Código Procesal Penal de la provincia (CPPT), es decir, que haya una audiencia para que se dicte o no la prisión preventiva, tal como dicen las normas desde el año pasado. No se está cumpliendo esto, lo que genera malestar y preocupación entre todos los profesionales que no tenemos las mismas armas que la parte acusadora. Actualmente, nos niegan hasta la copia del pedido que hacen de requerimiento de prisión preventiva”, enfatizó el letrado Sergio Morfil.

“No pude leer la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal. No la conozco en profundidad, así que prefiero no opinar”, respondió, por su parte, Daniel Posse, ante la prensa. Mientras que el ministro de Seguridad provincial, Claudio Maley, aseguró que “es un tema que se tiene que decidir, resolver y considerar en el ámbito judicial”. “No vamos a opinar al respecto, como tampoco participamos en la toma de decisiones”, añadió.

En las fiscalías sigue el desconcierto. Los titulares de las unidades judiciales todavía no saben qué harán, pero sí prevén que la nueva ley contra los motochorros, rompevidrios y escruchantes será inaplicable por este fallo.

Actualmente, por cada turno de 10 días, los fiscales deben resolver la situación procesal de 115 detenidos. De ese número, con la nueva ley, al 90% de los arrestados se le solicita la prisión preventiva. “Si se llegara a realizar una audiencia para definir su situación procesal, no alcanzaría el tiempo. Antes de poner en práctica esta medida, se tiene que ver por los recursos humanos y técnicos. Es imposible hacer 10 audiencias por jornada”, dijo un fiscal.

Fuente: La Gaceta