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Dispusieron la intervención judicial de OCA

La jueza en lo contencioso administrativo federal Liliana Heiland dispuso la intervención judicial de la empresa de correo OCA, propiedad de Patricio Farcuh, hombre ligado al sindicalista Hugo Moyano. La magistrada designó un interventor judicial y tomó otras medidas a pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El interventor será Eugenio Griffi. 

En una resolución publicada por el Centro de Información Judicial(CIJ) Heiland señaló que tomó varias medidas precautorias “hasta tanto OCA S.R.L. cancele totalmente su deuda con el fisco, o se ofrezcan garantías suficientes”.

Para “mantener el statu quo” y “evitar el vaciamiento” de la empresa, la jueza solicitó que OCA SRL, OCA Logística SA y OCA Postal SA se “abstengan de efectivizar la escisión de las unidades de negocios” y en caso de haberlo hecho se “retrotraigan”.

También pidió que el Enacom, el ente regulador de las comunicaciones, “se abstenga de registrar o en su caso inhiba a las SA a prestar servicios bajo su regulación” y que se embarguen las cuentas de las tres empresas.

El interventor designado por la jueza deberá verificar “que se cumpla la manda judicial respecto del embargo de las cuentas bancarias”, que “se evite el desvío de fondos ardidosos entre las sociedades”, que se “controle la evolución de las actividades de las SA y asegure se abstengan de realizar actividades comerciales propias de OCA”, que se “verifique el cumplimiento de la orden de abstenerse de efectivizar la escisión de las unidades de negocios informada por la prensa y en su caso, su retroacción” y que “se autorice a la AFIP a inhibir la emisión de facturas de las SA”.

La AFIP le reclama a OCA unos $3400 millones, de los cuales 2500 millones entraron en el concurso de acreedores. La empresa corría el riesgo de no poder continuar ofreciendo servicios postales por esta deuda. Sin embargo, a principios de marzo, en medio de la pelea del Gobierno con los Moyano, el Enacom volvió a prorrogar por otros 30 días el plazo otorgado para la cancelación de las obligaciones impositivas, previsionales y sociales de la compañía.

El ente informó que la empresa deberá acreditar -dentro de los próximos 30 días- la aplicación de la totalidad de los fondos provenientes del levantamiento de embargos judiciales existentes a la cancelación de sus deudas fiscales.

Fuente: Infobae

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