Política

Solicitarán más jueces y fiscales para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal

Posse hará el pedido este martes a la Legislatura.

El Poder Judicial informará este martes a los jefes de los bloques legislativos sobre las acciones practicadas y, en especial, las acciones pendientes para aplicar en forma adecuada el régimen de persecución del delito que la Legislatura sancionó en 2016 y que ordenó activar en toda la provincia en febrero de 2019.

Luego de que los legisladores cuestionaran a los Tribunales por el manejo del vencimiento de la prórroga para implementar el nuevo Código Procesal Penal, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Posse, convocó a los magistrados del fuero en el afán de recuperar la iniciativa. Casi 30 dijeron “presente” el miércoles. En esa inédita lluvia de ideas se discutieron números. Y uno en particular: Posse anticipó que planteará a la Legislatura que, para aplicar el sistema como corresponde, hacen falta 80 jueces, fiscales y defensores oficiales más.

“Es una cifra fundada en la pauta internacional que indica que debe haber un juez cada 16.000 habitantes. Chubut puso en marcha un código como el de Tucumán con ese parámetro. Y para designarlos en el corto plazo necesitamos sí o sí la ley de concursos múltiples”, explicó el titular del alto tribunal el jueves. Con un juez de Instrucción cada 160.000 tucumanos, esta provincia no está lejos sino a un siglo de distancia de la jurisdicción patagónica. Llegar al ideal sólo respecto de la competencia relativa al control de las investigaciones previas al juicio oral implicaría pasar de los nueve juzgados en funcionamiento en la capital, Concepción y Monteros a 90. Esa es la proporción exacta, pero nadie pretende tanto. “No sólo necesitamos más magistrados para poner en marcha el proceso renovado (que generaliza la oralidad), sino también para atender el volumen inmenso de causas que hay que seguir tramitando con el código de 1991 aún vigente”, precisó Posse.

El presupuesto anual necesario para soportar esta cantidad adicional de jueces rondaría los $ 200 millones sólo en términos salariales. El presidente de al Corte detalló que los nuevos cargos no irían acompañados de aumentos de funcionarios y de empleados puesto que, en el esquema del nuevo código, las cuestiones administrativas quedan en manos de una oficina general, que la Legislatura no ha creado aún y que forma parte del conjunto de tareas para desarrollar en los 292 días que restan antes del debut del proceso penal remozado. Se supone que el digesto de 2016 invierte la lógica organizacional del presente, donde el juez distribuye la carga de trabajo entre sus colaboradores: serán estos los que, con un cronograma muy preciso, determinen la agenda del juez, que ya no estará recluido en la oficina sino a la vista, en audiencias públicas.

El número de 80 magistrados extra que surgió en la reunión del miércoles, la primera organizada desde 2016, implicaría aumentar el 30% el plantel actual de jueces, fiscales y defensores oficiales. Este staff de alrededor de 250 cargos conserva los rasgos de comienzos de 1990, cuando tuvo lugar la última gran remodelación de los Tribunales. Se trata de una estructura empequeñecida en términos generales por el aumento de la litigiosidad y por las vicisitudes que padece hasta el presente el mecanismo de cobertura de vacantes. Más o menos el 20% de los despachos carecen de titular y los cargos nuevos creados en la última década no impactaron todavía en un sistema que, salvo reductos excepcionales, exhibe una mora endémica.

En el ámbito judicial encargado de sancionar la criminalidad, las falencias institucionales se traducen en posibilidades escasas de condenar efectivamente. Los jueces manejan números que pintan en forma elocuente la magnitud de la impunidad. Posse anticipó que llevará esas estadísticas a la Legislatura -el legislador oficialista Marcelo Caponio había pedido la información el 7 de marzo-, sin perjuicio de que la Corte prevé elaborar un estudio preciso que revele cuáles son las zonas más deterioradas de los Tribunales. Las últimas cifras de desempeño divulgadas por la Justicia corresponden a 2015 y reflejan que ocho de cada 10 denuncias terminan archivadas. La Justicia penal había abierto alrededor de 100.000 causas. Cálculos extraoficiales estiman que en un año sólo el 0,5% de los procesos son sometidos a juicio oral y reciben sentencia.

El déficit de enjuiciamientos explica el auge de la prisión preventiva y la distorsión de una medida cautelar de excepción, la privación de la libertad durante el proceso cuando rige la presunción constitucional de inocencia. La presión para aumentar los encarcelamientos provisorios -y transformarlos en una forma de sanción previa- choca contra la inexistencia de lugares adecuados para alojar presos.

En la reunión a puertas cerradas del miércoles en la que, además de Posse, estuvo la vocal Claudia Sbdar (se integró cuando ya había comenzado), se habló de las condiciones mínimas requeridas para lograr el objetivo del nuevo código y no “estrellarlo en la esquina”: aumentar el número de juicios y ofrecer salidas alternativas a los casos de menor gravedad que suelen terminar archivados o prescriptos. Pero también se discutió sobre qué hacer mientras tanto: algunos reclamaron la activación de la comisión de implementación que la Corte nunca llamó y la aplicación inmediata de ciertos institutos, como las audiencias para la prisión preventiva que, en un fallo reciente, los camaristas Dante Ibáñez y Enrique Pedicone consideraron el único método admisible desde la perspectiva constitucional. Desde luego, hubo catarsis. Algunos magistrados advirtieron que los poderes políticos les estaban cargando la cuenta social más incómoda, la de la inseguridad, pese a que la Justicia sólo interviene cuando el delito ya ha sido cometido o tentado. “La Legislatura puso un nuevo plazo: febrero de 2019. En la Justicia queremos ir hacia ahí, pero el esfuerzo debe ser compartido por los tres poderes del Estado”, resumió Posse.

 

Fuente: La Gaceta