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Demoran el inicio del debate de la futura reforma jubilatoria

El Gobierno resolvió posponer un mes la conformación de la comisión de Sustentabilidad, que debe debatir la reforma previsional. Así lo indicaron fuentes oficiales, que resaltaron que ese cuerpo, del cual la administración Macri espera tener el núcleo central de un nuevo sistema de jubilaciones y pensiones, no comenzará su tarea el mes próximo sino que lo haría desde abril.

Es que el costo político que tuvo el cambio de fórmula de movilidad a fines de diciembre último, con protestas y enfrentamientos en las puertas del Congreso, el escándalo que enfrentó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con su casera, y la escalada de los sindicatos de las últimas semanas demoraron el inicio del trabajo de la comisión, hasta que el Gobierno formule su nueva hoja de ruta en el tema previsional.

La comisión fue creada por la ley de Reparación Histórica, que da tiempo hasta 2019 para generar el nuevo proyecto, pero los tiempos son escasos. Es que en el segundo semestre de este año comenzará la campaña electoral, y como se trata de un tema de alta sensibilidad en la población, desde la Casa Rosada se resolvió demorar el arranque de la comisión, y a la vez desdoblar los cambios a través de normativas diferentes.

En Trabajo, se prevé que de la comisión de Sustentabilidad resulte un “plan maestro” en el que se acuerde hacia dónde llevar al sistema previsional, pero que las modificaciones se realicen “en aproximaciones sucesivas”. De hecho, tras la Reparación Histórica y la creación de la Prestación Universal del Adulto Mayor (PUAM, que garantiza el 80% del haber mínimo para quienes no cuentan con los años de aportes que exige la jubilación), se modificó la movilidad y se permiten las jubilaciones a los 70 años.

Para lo que viene se puede observar las conclusiones que resultaron de la Comisión de Fortalecimiento, que funcionó desde mediados de 2016, bajo el ala de la Secretaría de Seguridad Social de Trabajo. Mostró interés por seguir el modelo español, en particular el Pacto de Toledo (la comisión parlamentaria creada en 1995 con el apoyo de todos los partidos políticos que periódicamente propone recomendaciones para asegurar la sustentabilidad del sistema) y copiar la creación de una institución que permita separar las fuentes de financiación y el pago de las pensiones y tenga poder de policía ante la evasión.

La Secretaría de Seguridad Social también mostró interés en reformar el régimen de autónomos y monotributistas, que reconozca la diversidad de trabajadores independientes y que adecue las cotizaciones a las prestaciones. Y que las cotizaciones se determinen en base a los ingresos reales.

Y sumar dos pilares adicionales a la PUAM. Uno voluntario y contributivo, proporcional a los años de aportes para quienes no lleguen a los 30 previstos por ley. Y otro voluntario, para aquellos trabajadores con capacidad de ahorro. Hoy se encuentran las aseguradoras junto con Finanzas y la Superintendencia de Seguros armando los productos de ahorro y adaptando los correspondientes incentivos fiscales creados en la Reforma Tributaria.

La comisión de Sustentabilidad contaría con la participación de la Secretaría de Seguridad Social, los gremios, las empresas, las cajas previsionales de las provincias que no se transfirieron a la Nación, las cajas profesionales, la ANSeS, la AFIP.

Se entiende que el déficit de ANSeS alcanza un 3% del PBI al considerar los pagos de la Reparación Histórica, debido a la moratoria previsional, las transferencias a las cajas provinciales no transferidas a la nación, las pensiones no contributivas, la asignación universal por hijo, el régimen de las fuerzas armadas. Pero ese déficit deja al descubierto el debate entre quienes sostienen que el sistema debe mantener ese rojo, financiado con impuestos, para mantener la cobertura previsional. Frente a quienes sostienen que hay que atacar el rojo previsional reduciendo los beneficios.

 

Fuente: El Cronista