Política

Para Juri es difícil que el nuevo proceso penal entre en vigencia en febrero de 2019 en toda la provincia

Foto La Gaceta. "Haremos lo necesario para que el cambio de paradigma suceda lo antes posible”, expresó Juri.

Cuarenta días después de dictar la ley que establece que el nuevo Código Procesal Penal ha de entrar en vigencia en febrero de 2019 en todo el territorio de la provincia, el presidente subrogante de la Legislatura, Fernando Juri (PJ), admitió que será difícil cumplir ese objetivo.

Luego de intercambiar opiniones con el experto Alberto Binder sobre las cuestiones que faltan para ejecutar la transformación del ámbito encargado de perseguir y sancionar el delito, Juri afirmó que el consejo técnico era implementar el sistema por partes: empezar por los Tribunales de Concepción y de Monteros, y hacer modificaciones parciales en la capital. Es casi el mismo esquema “gradualista” que había planteado la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en la Acordada 275 y que la Legislatura sustituyó por la ley que fija una fecha común para toda la geografía.

“Los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, estamos de acuerdo en que hay que aplicar el nuevo Código. Pusimos una fecha, que es el primero de febrero de 2019, en la que haremos una implementación total en los centros judiciales del sur y otra parcial en la capital. Según el criterio Binder, no están dadas las condiciones para activar el nuevo proceso penal en toda la provincia por el volumen (de causas)”, explicó Juri ayer, a continuación de la reunión en la Legislatura a la que asistieron legisladores oficialistas y opositores; Binder y sus colaboradores; Antonio Estofán y Antonio Gandur, vocales de la Corte; el ministro público fiscal, Edmundo Jiménez, y el fiscal Edgardo Sánchez. “De todos modos, nosotros, como Poder Legislativo, vamos a dar las herramientas necesarias para no volver a tener que sancionar otra prórroga”, insistió el justicialista. Y manifestó que no podía arriesgar cuánto tiempo hará falta para completar la implementación: “sería imprudente de mi parte poner una fecha exacta. Haremos lo necesario para que el cambio de paradigma suceda lo antes posible”.

El digesto sancionado en 2016 lleva la oralidad a la etapa de la investigación de las denuncias y suprime el expediente. Es la mayor reforma del fuero penal desde 1991, cuando entró en vigor el Código actual. La remodelación procura atenuar los índices elevados de impunidad. En 2017 ingresaron 100.000 causas penales: en ese período sólo hubo 265 juicios orales, según el informe estadístico que la Corte entregó al legislador Marcelo Caponio (PJ). El nuevo sistema promete mejorar y transparentar ese desempeño. “Como todo cambio profundo y revolucionario, hay dilaciones, y, tal vez, marchas y contramarchas. Es natural que así sea. Le ha pasado también a la provincia Santa Fe”, recordó Juri.

“Este es ‘mi hijo’: permanentemente estoy ‘invitándome’ (a las distintas instituciones del Estado) para conversar sobre el nuevo Código porque quiero hacerlo funcionar lo antes posible, pero bien, que no se bastardee. Eso es todo un trabajo y, para mí, el tiempo mínimo que hacía falta era tres años a partir de la sanción. Hay que capacitar a los actores y concientizar a la sociedad”, opinó Estofán, quien en 2012 impulsó un plan piloto en el sur para probar las modificaciones en el terreno. Pero la Legislatura se opuso al experimento y, en sustitución, aprobó el digesto cuatro años más tarde.

El jurista porteño Binder, que asesora a la Corte desde la concepción del plan piloto fallido, dijo que se precisaban leyes accesorias, y definir las pautas de la transición entre un digesto y otro. “Falta poco para febrero de 2019. Los legisladores saben que quedan unos pocos meses y que hay que hacer una reingeniería institucional; resolver cuestiones de infraestructura y, sobre todo, formar para trabajar distinto en ámbitos donde las tradiciones llevan siglos”, dijo. Entre los pasos que aún no han sido dados está la designación del primer ministro público de la Defensa, que debe organizar de cero su institución para ponerla a la altura del Ministerio Público Fiscal que dirige Jiménez. El nombramiento está pendiente desde hace un año y depende de una decisión discrecional del gobernador Juan Manzur. “Diría que no se puede avanzar sin esa figura. Sería equivalente a tener un solo equipo en la cancha. No es admisible”, evaluó Binder.

El legislador Caponio agregó que, además de la designación del ministro público de la Defensa, había que cubrir otros cargos hoy inexistentes en el organigrama judicial. Y definió: “es una modificación integral. Queremos un proceso ágil, transparente y que resuelva los conflictos. No tengo dudas de que el nuevo Código acelerará los procesos. El sistema actual no funciona si por año ingresan 100.000 causas, si sólo 1.000 son elevadas a juicio, si 265 llegar a ser juzgadas y si las demás prescriben”.

 

Fuente: La Gaceta