Política

El presidente del Colegio de Abogados dijo que no queda claro qué fue a hacer el gobernador a Dubai

El funcionario implicado en una situación donde concurren su interés público con uno particular queda comprendido en las generales de la ley, según Marcelo Billone, presidente del Colegio de Abogados de la Capital. “El gobernador (Juan Manzur) no puede decidir si está o no involucrado en un conflicto de intereses”, opinó el dirigente profesional a propósito de la participación del mandatario y de su empresa, Agro Aceitunera SA, en la misma gira internacional organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Billone dijo que, para transparentar las posibles confusiones entre las cuestiones públicas y las privadas, y despejar sospechas, su entidad reclamaba la sanción de una Ley de Ética Pública que estableciera conductas prohibidas, obligaciones y órganos de control. “El episodio de Dubai demuestra hasta qué punto urge dar ese paso”, añadió.

Tras la divulgación de que el jefe de Estado y su firma olivícola habían coincidido en la feria de alimentos Gulfood, Manzur había dicho que no se podía hablar de conflicto de intereses. El gobernador, que permanece en el extranjero desarrollando una visita privada cuyo destino no trascendió, había explicado que él había viajado con los empresarios de su provincia, como autoridad política de esta, y que su compañía, por un lado, tenía asiento en La Rioja y, por el otro, había sido representada en Emiratos Árabes Unidos por su mujer, la primera dama Sandra Mariela Mattar Sabio. El Poder Ejecutivo no informó en forma previa al viaje que la esposa de Manzur y Agro Aceitunera SA, fábrica que produce los alimentos de la marca Nucete, iban a estar presentes en parte de la agenda oficial del mandatario. En la última declaración jurada que presentó como ministro de Salud de la Nación de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Estado provincial afirmó que poseía acciones por $ 22,4 millones de Agro Aceitunera SA, sin indicar porcentajes de titularidad. A partir de ese año, 2015, este y los demás datos patrimoniales quedaron protegidos por el secretismo previsto en la Ley provincial 3.981, de 1973.

Contra la normalización

“En realidad, no queda claro qué fue a hacer el gobernador a Dubai. No disponemos de información y, por ello, apoyamos la decisión de Eudoro Aráoz, legislador radical y ex presidente del Colegio, de solicitar datos al Consejo Federal de Inversiones”, manifestó ayer Billone durante una conversación en su despacho. Aráoz solicitó al ministro Eduardo Samuel Garvich, representante de Tucumán en aquel organismo de las provincias argentinas, que detalle en qué condiciones había viajado la empresa de Manzur, quién estaba a cargo de la compañía y cómo había costeado la misión. Billone indicó que en juego había hechos graves cuya repetición había derivado en una normalización peligrosa. “Pero no podemos resignarnos a la falta de transparencia, y a la prolongación de prácticas que erosionan la confianza en las instituciones del Estado y en sus autoridades. Esto está sucediendo en el campo de la ética pública, pero también lo vemos en los entes e institutos intervenidos, como la Caja Popular de Ahorros y el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, donde la interrupción de la vida regular se ha convertido en un estado permanente”, comparó.

En agosto pasado, durante la celebración del Día del Abogado, Billone había diagnosticado que en Tucumán existía una crisis de institucionalidad. Por ello, la secretaria de Gobierno y Justicia de la provincia, Carolina Vargas Aignasse, había asimilado el acto institucional del Colegio a un mitin de Cambiemos. Al respecto, el titular de la entidad intermedia expresó que, para evitar ser calificados políticamente, iban a presentar sus propios proyectos legislativos de Ética Pública y de Abogado del Niño, como esta semana habían hecho para propiciar la reforma del Consejo Asesor de la Magistratura.

Fuente: La Gaceta