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Confirmaron la prisión preventiva de Cristóbal López

La Cámara Federal ratificó este lunes la prisión preventiva de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, detenidos nuevamente el 27 de abril pasado por decisión de la Cámara de Casación.

Contra esa resolución, la defensa de los dueños del Grupo Indalo volvió a intentar un recurso judicial: sostuvo que la detención “violentaba el principio de igualdad ante la ley“, porque en marzo la Cámara Federal había ordenado la excarcelación, pero ese fallo ya quedó sin efecto.

En un nuevo revés para López y De Sousa, el camarista Leopoldo Bruglia entendió que la queja interpuesta por el abogado de López no era admisible, ya que no se puede revisar lo que ya dictaminó la Cámara de Casación.

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Por su lado, el camarista Martín Irurzun señaló que la detención del empresario K y de De Sousa “fue un efecto expresamente dispuesto por la Sala I de la Cámara de Casación” y que por ello, “se confirma el rechazo al reclamo de libertad de los imputados“.

De esa manera ratificaron, el arresto dispuesto en su momento por el juez Julián Ercolini en la causa en la que están procesados por no pagar el impuesto a los combustibles que retenía la empresa Oil Combustibles SA.
A la fecha, con intereses, punitorios y otras deudas generadas el último tiempo, la AFIP que reclama al empresario K más de 20.000 millones de pesos.

Oil Combustibles recibió un trato diferencial por parte de la AFIP, conducida en ese momento por Ricardo Echegaray, quien por acción u omisión hizo posible que la firma de López y De Sousa se beneficiara indebidamente con facilidades de pago que luego no cumplió.

Los planes otorgados a la petrolera abarcaron 31 períodos fiscales, comprendidos entre mayo de 2013 y noviembre de 2015, de los cuales pagó sólo cinco.

El 27 de abril, la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Eduardo Riggi y Ana María Figueroa, revocó el polémico fallo de la Cámara Federal que había beneficiado a López y De Sousa.

Con los votos de los dos primeros jueces, el máximo tribunal penal del país cambió la calificación legal, elevó los montos de los embargos y ordenó la inmediata detención de los empresarios.

FUENTE: Infobae