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Aborto legal: un Congreso dividido entre el Papa y el reclamo feminista

Raúl Alfonsín se plantó ante la Iglesia tres décadas atrás cuando impulsó el divorcio conyugal. El Congreso, dividido en forma transversal, votó la ley en junio de 1987 en un contexto de debilidad política del presidente radical. Cristina Kirchner pregonó la ampliación de derechos, entre otros el matrimonio igualitario que dividió a ambas cámaras de la misma manera, sin posiciones unánimes en los bloques. Pero no se animó a tanto como ahora Mauricio Macri.

Es más, CFK se expresó en contra del aborto legal al punto de dividir a su propio bloque antes de que lo dividiera el fin del poder y el naciente antikirchnerismo. Hasta se le plantó Juliana Di Tullio, jefa del kirchnerismo en Diputados que se tatuó en la piel el legado cristinista con la mítica frase “No fue magia” y que hoy mismo recordaba haberle expresado a la Presidenta su postura aunque aseguró que no lo llevó al recinto porque no estaban los votos ni el contexto social para hacerlo. De todos modos CFK no le ‘bancó los trapos’ a las feministas y recién suavizó su postura en la campaña del año pasado en busca de un voto femenino más radicalizado y empujada por la militancia a favor de la despenalización de su propia hija, Florencia Kirchner. Su hijo Máximo recién el lunes del pañuelazo blanqueó su apoyo al proyecto de la campaña nacional “Aborto legal, seguro y gratuito” que un grupo de legisladoras planea tratar el próximo 8 de marzo en el marco del paro de mujeres, un proyecto que ya se presentó seis veces.

El próximo 6 será la séptima vez (¿la vencida?) y un grupo de diputadas está abocado a reunir la mayor cantidad de firmas posible para acompañar la nueva presentación. En eso están Victoria Donda (Libres del Sur); Mayra Mendoza (FpV), Carla Carrizo (radical de Evolución), María Luisa Storani (diputada radical del Parlasur) y Romina del Plá (PST), entre otras. Fue en 2016 cuando lograron el mayor número de firmas: 70. En 2017 hubo más de 60 y, tras la decisión del Presidente, redoblan esfuerzos para conseguir 129 (el número que habilita el quórum) y sumar nombres de peso para el proyecto 4161.

Que Macri habilite a sus diputados y senadores a iniciar un debate y sacarlo de los cajones del Congreso no significa que se vaya a votar en forma positiva. Como el reclamo colectivo ‘Ni una menos’, la despenalización es un tema fuerte en el actual contexto social en el que hasta un programa como Intrusos de Jorge Rial promovió un fuerte debate.

Carrizo celebraba en diálogo con Infobae la decisión: “Cuando la sociedad marca la agenda, los que estamos en el Congreso tenemos que representar ese clima”, manifestó esta mañana y recordó que la sesión especial planeada para el 8 era una estrategia de visibilización del tema. Donda, otra abanderada del tema, señaló que “las condiciones están dadas para que se discuta el aborto legal en el Congreso. Nadie es totalmente inmune a la opinión pública y temas como este generan mayoritariamente cierta adhesión”, mientras que Mayra Mendoza, de La Cámpora, pronosticó que “se va a llevar una sorpresa el gobierno nacional con el número y el consenso que hemos logrado”.

El cambio presidencial pone en duda la efectividad de la sesión del 8 que el Frente para la Victoria ya pidió y para la que Cambiemos no daría quórum.  Mendoza reclama que al menos los diputados se sienten en sus bancas y dejen habilitado el tema para el debate. El riesgo de tal jugada es que si no hay número suficiente el proyecto quedará sin poder de tratado y aún si lo hubiera serían necesarios dos tercios de los votos para aprobarlo. Hoy no hay quien pueda asegurar el resultado de una votación en la que los bloques terminarían, probablemente, dando libertad de conciencia y acción a sus integrantes, excepto el Movimiento Evita y la izquierda que ya anticiparon su adhesión. “Buscar los números para el 8 de marzo nos dejaría sin debate”, dijo una legisladora a este diario. Carrizo de hecho consideró que si se discute ampliamente “nos permitirá poner en escena los argumentos y plantear muchos otros temas”.

En general se plantea que la Cámara de Diputados podría ser más favorable y el Senado tener un voto más conservador. La Cámara alta representa a los estados provinciales más permeables a las presiones de los distintos poderes, en este caso especialmente de la Iglesia. Incluso todavía hay ocho provincias (Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Corrientes, Catamarca y San Juan) que no aplican los protocolos hospitalarios para los casos en que el aborto no es punible (como aquellos en que está en riesgo la salud de la mamá y de abuso sexual) aun frente a un fallo de la Corte Suprema del año 2012.

Fuente: Infobae