Policiales

Quejas en el caso Lebbos por fallas en el programa de protección a testigos

La titular de Derechos Humanos dijo que la normativa se aplica de manera efectiva; mientras que Lebbos negó la asignación de fondos.

Después de varios planteos por la demora en la implementación del Programa de Protección de Testigos de la provincia, la secretaria de Derechos Humanos, Érica Brunotto, recibió ayer un llamado de atención del Tribunal y las quejas de algunas partes intervinientes en el juicio por el crimen de Paulina Lebbos, a raíz del incumplimiento en uno de los casos urgentes.

El 28 de febrero, los fiscales Diego López Ávila y Carlos Saltor habían requerido a la Sala III medidas de protección para las testigos Macarena Bordato y Magdalena Karina Cruz. El Tribunal, integrado por Dante Ibáñez (presidente actual), Rafael Mocoritto y Carlos Caramuti, hizo lugar luego a esta presentación y ordenó que ambas personas ingresaran al Programa de Protección de Testigos. Después de cuatro meses, el otro representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), Carlos Sale, realizó nuevos planteos marcando las deficiencias en la aplicación del programa en el caso de Cruz, en particular.

“El 3 de marzo se libró un oficio a los efectos de que se implemente el plan, no tan sólo referido a la custodia, que es lo más fácil de establecer. Magdalena es una persona de cuidado, con antecedentes en el tema del narcotráfico. Por eso, se ha pedido que se arbitren los medios de manera urgente. Hoy, mes de julio y a días de la feria, todavía no tenemos respuesta. Hablé por teléfono con ella (por Brunotto) en mayo y me dijo que se estaba implementado el programa. Pero la señora Cruz ha ido a la Fiscalía dos veces por semana en los últimos tiempos solicitando ayuda”, remarcó el funcionario judicial.

Sale contó que la testigo “está sola, desvinculada de su familia, perdió su trabajo y no tiene cómo pagar el lugar donde está alquilando”. “En mayo me dijo (Brunotto) que había fondos y que el programa se estaba implementando. Pero ya estamos en …,” insistió.

El Tribunal había citado a la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, luego de conocer el informe del fiscal de Cámara Sale, el que se advertía que la testigo “estaba en riesgo” debido a su situación. Así, la funcionaria se presentó ayer ante los vocales. “Queremos que nos explique qué es lo que pasa y qué se está haciendo respecto del caso. Nos importa la persona, tanto por la condición de ser humano como por ser valiosa. Pero también nos importa para tener en cuenta el precedente que se puede asentar. Como Tribunal de Justicia, queremos saber si contamos o no con este programa de protección de testigos”, le dijo Ibáñez.

Brunotto respondió a los jueces que Cruz contaba ya con custodia de la Policía. El plan provincial contempla, además, una cobertura laboral, sea la designación de un puesto de trabajo o el beneficio de los planes sociales estatales. “Esto no se puede conseguir ahora. La Secretaría sí le dará un subsidio económico. (La demora) tuvo que ver con una cuestión administrativa, pero está subsanada. El plazo que yo había pedido en la nota (enviada a la Fiscalía) tenía que ver con poder implementar efectivamente el subsidio para la señora, y con falta de precisión de la duración de esa cobertura”, expresó la funcionaria, quien enfatizó que la ayuda estará disponible esta semana y que el programa se implementa de manera efectiva, con presupuesto asignado. “Cualquier juzgado puede requerir protección para un testigo de cualquier causa de la provincia”, indicó.

 

Según la Ley de Protección de Testigos, sancionada en 2006 por la Legislatura y reglamentada en 2016, esa cobertura debe extenderse hasta el fin del juicio de la causa. “Nos preocupa la situación, ya que no estamos ante una persona que ha cometido un ilícito, prima facie. Está dentro de un programa resguardado (…) Ante el hecho de tener una consigna policial y estar aislada de todo, no sé si hubiese sido mejor no incluirla en el programa para que siga haciendo su vida”, remarcó, por su parte, el vocal Macoritto.

“Se trata de una persona vulnerable. Se quedó sin trabajo por la misma situación (la causa). Tiene que alquilar una vivienda. El Tribunal y las partes consideraron importante el testimonio, pero se la ha colocado en una condición de que alguien pueda ofrecer pagarle el inmueble, comprometiendo así la imparcialidad de la testigo. Entonces, es un caso urgente y uno no se puede tomar todo el tiempo del mundo. Es cumplir con la ley”, destacó Caramuti.

Alberto Lebbos, padre de la joven asesinada en 2006, cuestionó el informe de la funcionaria provincial. “Estamos en presencia de una gravísima falta de respeto que recibieron el Tribunal, las víctimas del delito y todo el pueblo tucumano. El Poder Ejecutivo le debe pedir la renuncia. Ha mentido al decir que hay presupuesto para implementar el programa”, remarcó. “El Gobierno nunca le asignó ni un peso a este programa porque no le interesa proteger a los testigos ni la seguridad del pueblo tucumano”, finalizó.

Fuente: La Gaceta

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