Política

El nuevo Código Procesal Penal sigue sin fecha de entrada en vigencia

En la sesión inaugural de la comisión de implementación quedó planteada la necesidad de reformar la ley que fija la meta de febrero A la reunión de ayer asistieron ocho de los 13 miembros titulares, quienes trabajaron a puertas cerradas

El Código Procesal Penal sancionado hace dos años recién estará plenamente vigente hacia febrero de 2021. Esta previsión fue colocada sobre la mesa de la sala de acuerdos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que cobijó la primera reunión de la comisión del implementación del digesto. En simultáneo, quedó planteada la necesidad de reformular por tercera vez la ley que establece la aplicación progresiva del nuevo proceso penal. En abril y después de una controversia con la propia Corte, la Legislatura había dispuesto que el sistema remozado entrara en vigor en febrero, en toda la provincia.

Habrá que volver sobre los pasos legislativos y recalcular una vez más (ver “Plazos y prórrogas”). El cronograma completo presentado ayer a los integrantes del comité estipula que el nuevo Código debute en Concepción y Monteros a comienzos del año que viene. En 2020, la capital podría emplear las audiencias orales y públicas para dirimir la flagrancia y la prisión preventiva, e incorporar el resto de los institutos doce meses después. En síntesis, se trata de regresar al esquema que había planteado la Corte hace tres meses, y habían refrendado en mayo los asesores técnicos del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). Estos especialistas aconsejaron “esperar un poco más” para evitar que naufrague el cambio proyectado desde 2012.

Después de la reunión, que se extendió durante una hora y cuarto, y se desarrolló a puertas cerradas, Antonio Gandur, vocal del alto tribunal, explicó: “ha quedado claro que es imposible aplicar el nuevo sistema en toda la provincia a partir de 2019”. Con los fines de incrementar los niveles de transparencia y de publicidad, y de reducir los plazos, el Código de 2016 elimina el expediente y aplica la oralidad en la etapa de investigación de las denuncias penales: ello conlleva grandes reestructuraciones edilicias y de personal, puesto que el esquema existente está preparado para tramitar papeles.

Si bien trascendió que, en general, los integrantes de la comisión aceptaron los términos que formularon Gandur y su par Antonio Estofán, en el pasillo del Palacio de Justicia, José María Canelada, legislador opositor, dijo que apoyará la postergación de la fecha de largada siempre que ello esté justificado por los datos objetivos que aporte el Poder Judicial (se informa por separado).

Cinco titulares ausentes

Participaron en el encuentro inaugural del comité ocho de sus 13 miembros titulares: Gandur; Estofán; Edmundo Jiménez, ministro público fiscal; José Farhat, secretario de Participación Ciudadana; los legisladores oficialistas Javier PucharrasSandra Mendoza, y el radical Canelada, y el abogado de la capital Arnaldo Ahumada -faltaron los legisladores Marcelo Caponio y Alberto Colombres Garmendia; el fiscal de Estado, Daniel Leiva; la secretaria de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, y Ángel Fara, letrado del sur-. Además, asistieron los siguientes suplentes: Érica Brunotto, secretaria de Derechos Humanos; Aldo Jarma, fiscal de Estado adjunto y Jorge Carrasco, fiscal de Monteros. Gustavo Geria, por su parte, representó al Colegio de Abogados del Sur por la ausencia de Fara y de Cristian Fernández.

El comité con representantes de los tres poderes y de la abogacía debía empezar a trabajar hace un año y ocho meses, pero la Corte, autoridad de aplicación de la reforma, no lo había convocado. Hasta abril, los vocales avanzaron por su cuenta. Pero durante ese mes, Daniel Posse, presidente del alto tribunal, se comprometió a involucrar a los restantes actores.

La mesa de trabajo no tomó decisiones este jueves ni sobre su organización interna ni sobre su agenda por pedido de Jiménez, quien en distintas ocasiones advirtió que debían esperar a los demás miembros titulares. Según se supo y más allá del replanteo de los plazos, los asistentes tomaron nota de las leyes que regulan la tarea del cuerpo, que debe elaborar propuestas y requerimientos concretos para poner en marcha el nuevo Código -mientras tanto, siguen rigiendo las reglas adoptadas en 1991-. Ello exigiría, en principio, la definición de autoridades, y de una metodología para el debate y la votación de los asuntos propuestos. Antes de retirarse, los miembros del comité convinieron que se reencontrarán el 25 de julio a las 10 en los Tribunales de Concepción para analizar in situ si ese centro judicial está o no en condiciones de enfrentar la demorada reforma del proceso penal.

Fuente: La Gaceta