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Diputados de la UCR piden que se investigue a los funcionarios antes de asumir

Negri presentó un proyecto de ley junto a otros diputados.

El presidente del bloque radical, Mario Negri, presentó este lunes un proyecto de ley para reformar la ley de Etica Pública con el fin de que la Oficina Anticorrupción (OA) emita dictámenes previos a la asunción de los funcionarios designados, para evitar cualquier conflicto de intereses que pueda afectar al Estado nacional. Todo un mensaje al Gobierno, horas antes del encuentro de esta tarde a las 18.30 en Olivos, entre el Presidente y todos los legisladores de Cambiemos.

La iniciativa lleva también las firmas del secretario parlamentario del bloque de la UCR, Luis Borsani; el secretario general de la bancada, Miguel Angel Bazze, y la diputada Karina Banfi, especialista en temas de transparencia.

Fue presentada pocos días después de que el subsecretario general de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan se viera forzado a renunciar cuando el diario español El País informó que omitió incorporar a su declaración jurada una cuenta que tenía en un banco de Andorra y por el cual hoy la fiscal federal Alejandra Mangano abrió una investigación y lo imputó por presunto lavado de dinero.

Otros funcionarios bajo la lupa de la OA por posibles conflictos de intereses son los ministros de Trabajo, Jorge Triaca; de Agroindustria, Luis Etchevehere; de Finanzas, Luis Caputo, y de Energía, Juan José Aranguren.

Negri -que también preside el interbloque de Cambiemos- señaló que con esta propuesta se puede “capitalizar la experiencia de la Oficina Anticorrupción para que su intervención sea temprana y de carácter preventivo, especialmente en materia de regulación de los conflictos de intereses”.

“La idea es que quienes resulten designados comparezcan ante la OA, en una suerte de chequeo previo, para ver si no hay contradicciones entre su función anterior y el cargo que van a asumir”, explicó Negri

El proyecto establece que, previo a asumir, los funcionarios (se aclara que corre para aquellos cuyo acceso a la función pública no haya sido resultado de sufragio) deberán incluir en la declaración jurada “sus antecedentes laborales a efectos de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses actuales o potenciales u otros riesgos éticos o conflictos con las reglas y principios de integridad que puedan existir”.

De esta manera la OA intervendría en el procedimiento de designación de quienes sean postulados para desempeñarse como Jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo y/o como titulares o integrantes de los órganos de gobierno de los entes reguladores de servicios públicos.

“Se tomará en cuenta la información que se hubiera presentado y las fuentes de información públicas disponibles.Con tal objeto, (la OA) podrá también requerir información complementaria al candidato y pedir informes a los organismos nacionales, provinciales y municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto a organismos privados y como particulares”, agrega el proyecto.

La iniciativa plantea medidas preventivas que deberá tomar la OA, que deberá realizar un dictamen –de carácter público- referido “a la eventual designación en el cargo del candidato o aspirante que podrá ser en el sentido de recomendación a reparar la situación detectada, a no avanzar con la designación o la potencial intervención de otras autoridades según el caso específico”.

 

Fuente: Clarín