14 de May de 2012 | POLITICA | La Justicia Federal inició un proceso que apunta a desenmascarar a los civiles que fueron cómplices de esos delitos de lesa humanidad.
En ese contexto se inscriben las recientes actuaciones del juez federal de Jujuy y de Tucumán Fernando Poviña, quien citó a declarar como acusados por el secuestro de personas durante el proceso militar al poderosísimo dueño del imperio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y al ex administrador de esa compañía azucarera, Alberto Lemos.
Tal como informó EL SIGLO, Blaquier y Lemos, quienes serán indagados los días 18 y 17 del corriente, respectivamente, están implicados en tres causas en las que se investigan delitos contra los derechos humanos en perjuicio de víctimas que residían en las localidades jujeñas de Calilegua y Libertador General San Martín y que eran, en su mayoría, empleados de la empresa Azúcares Ledesma.
La más emblemática de esas causas es la de la denominada "Noche del apagón", ocurrida entre el 20 y el 27 de julio de 1976, cuando fueron secuestradas y llevadas a centros clandestinos de detención unas 400 de personas, entre estas una treintena de obreros que trabajaban para Blaquier, a quien se le prohibió salir del país.
En forma paralela a esta investigación que realiza Poviña en Jujuy, en nuestra provincia, en el Juzgado Federal I, a cargo de Daniel Bejas, se investigan los vínculos entre empresarios, en su mayoría de la industria azucarera, con los militares.
En estas causas, además de la participación directa que habrían tenido los dueños de esas compañías con la muerte y la desaparición de trabajadores y dirigentes sindicales, también se indaga respecto a cómo colaboraron financieramente con el Gobierno de facto y sobre los delitos económicos que fueron cometidos.
Según el ex secretario de Derechos Humanos de la Provincia y titular del Observatorio de Derechos Humanos de la CTA, Bernardo Lobo Bugeau, "el terrorismo de Estado contó con el apoyo incondicional de empresarios azucareros quienes buscaban participar de mayores ganancias, por un lado, y decapitar la dirigencia rebelde al proyecto trasnacional implementado por Videla y Martínez de Hoz".
El abogado recordó que "este plan sistemático se descargó especialmente contra dirigentes y delegados obreros de FOTIA (Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera) que eran considerados ’una amenaza’ para los objetivos del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional".
En los expedientes que obran en poder del Juzgado Federal I, figuran, entre otros hechos, el asesinato de Atilio Santillán, la desaparición forzada de Benito Romano y los alevosos homicidios de representantes obreros de la empresa CO.NA.SA que antes había sido intervenida por militares. También se indaga sobre el asesinato de Jacobo Ortíz, secretario general del Ingenio Fronterita en Tucumán, el mismo día que se había dispuesto por el sindicato una jornada en repudio del asesinato de Santillán.
El Fondo Patriótico Azucarero
Paralelo al plan de aniquilamiento físico de trabajadores que cuestionaban las bases mismas del modelo de expoliación y entrega, el Interventor militar de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, dispuso durante los años de plomo la creación del Fondo Patriótico Azucarero. En ese fondo, los mismos empresarios que fueron beneficiarios del terrorismo de Estado, aportaban millones de dólares bajo la fachada de donaciones. De acuerdo a los expedientes que obran en poder de la Justicia, se calcula que los aportes (en dólares) fueron:
CONASA (Ingenios Bella Vista, San Juan, Santa Rosa, La Trinidad, Florida y La Esperanza) U$S 1.000.000; Ingenio Concepción U$S 800.000; Ingenio La Fronterita U$S 400.000; Ingenio La Corona U$S 350.000; Compañía Azucarera San pablo U$S 350.000; Ingenio La Providencia U$S 340.000; Ingenio Nuñorco U$S 330.000; Ingenio Santa Bárbara U$S 300.000; Ingenio Aguilares U$S 280.000; Compañía Azucarera del Norte (Leales) U$S 240.000; Azucarera Cruz Alta U$S 130.000 y S.A. Marapa U$S 120.000.
Como se observa los aportes totales a las arcas de este "Fondo patriótico" fue de U$S 4.640.000 en un período de un año y medio (1976/77).
Toda esta información está asentada en el informe de Tesorería General de la Provincia del año 1977; en la causa "Alsogaray, Julio Jorge s/ su presentación espontánea, Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán (fecha 23/10/2008); y en la causa "Santillán, Hugo s/ su denuncia", en trámite por ante el Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán.
“Hay que investigar a los cómplices”
"Queremos que se investigue al ingenio Ledesma, pero que también se investigue a los industriales azucareros tucumanos que hayan participado como cómplices de la dictadura, en una época nefasta en la que hubo tantos desaparecidos, especialmente en ciudades como Bella Vista, donde hubo muchas víctimas". Con esas palabras se refirió a las actuaciones de la Justicia el dirigente de FEIA (Federación de Empleados de la Industria Azucarera) y ex concejal de Bella Vista, José Leguizamón, quien fue testigo de cómo en el ingenio homónimo, donde él trabajaba en la década del 70, desaparecieron varios trabajadores y sindicalistas. Según dijo Leguizamón a EL SIGLO, "hay varios ingenios que prestaron sus ingenios para que sirvan como centros de operaciones de los militares, como el caso de las fábricas que integraban el CONASA", insistió. Luego de recordar que FEIA "nunca fue intervenida por los militares, a diferencia de la FOTIA , hecho que terminó con el crimen del compañero Atilio Santillán", Leguizamón recordó que "durante la dictadura, en el ingenio Bella Vista, desaparecieron muchos compañeros, entre ellos Atilio Santillán, que era secretario general de nuestro ingenio y titular de FOTIA, además de los obreros Luis Diez, Córdoba, Angel Díaz, Zamudio, Murua, Ramírez, Zapata. Algunos de estos trabajadores eran dirigentes del Sindicato de Obreros del Ingenio Bella Vista", finalizó.
FUENTE: http://www.elsigloweb.com/nota.php?id=91335
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