País

Caso Maldonado: La Cámara Federal validó las escuchas a familiares y amigos del artesano

Para la Cámara las intervenciones están justificadas y sirven como prueba.

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revocó la decisión del juez federal Gustavo Lleral de destruir las grabaciones obtenidas mediante intervención telefónica, tras una orden del juez federal Guido Otranto, a familiares, amigos y conocidos de Santiago Maldonado entre agosto y septiembre de 2017.

Con esto quedan avalados los contenidos en los que aparecen detalles de cómo se fueron elaborando, por parte de los mapuches e integrantes de fuerzas políticas, dudosos argumentos y pruebas que pudieran propiciar una causa de Desaparición Forzada.

Los jueces consideraron que la acción del juez Otranto estuvo justificada por las singulares condiciones en que se desarrollaba la investigación acerca del paradero del joven. Los magistrados subrayaron incluso que el juez Lleral hizo una “evaluación descontextualizada de los antecedentes de la causa” al determinar la nulidad y destrucción de las conversaciones.

Los integrantes del Tribunal –compuesto por los doctores Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe L. Corchuelo de Huberman– entendieron que frente al figura del Habeas Corpus (impulsado con el propósito de encontrar al artesano), el juez Otranto evaluó de manera correcta que existían testimonios contradictorios y probablemente falsos que involucraban a un grupo cercano a Maldonado. Por lo que la opción de intervenir aquellas líneas tenían como sentido final hallar al joven, cuya vida podía estar aun en peligro, antes que atentar contra la privacidad de las personas, incluida la de su hermano Sergio Maldonado.

Aunque la querella todavía puede apelar, el documento de los magistrados establece de manera contundente que el contenido de los diálogos pueden resultar de utilidad para comprender las circunstancias de la desaparición y muerte del artesano. Maldonado fue visto por última vez con vida el 1 de agosto de 2017 en el predio tomado de Cushamen, Chubut, por una comunidad mapuche radicalizada y que aun lidera desde la prisión domiciliaria el lonko Facundo Jones Huala.

El 12 de mayo pasado, el juez Lleral ordenó la nulidad y total destrucción de los soportes y registros de las conversaciones que quedaron registradas a consecuencia de la intervención de las líneas de Sergio Maldonado, Claudina Pilquiman, Ariel Garzi y Marcela Anarda Stocovaz. El magistrado las consideró “abiertamente inconstitucionales e inconvencionales”. “El magistrado antecesor ordenó una medida que, a mi juicio, afectaba indiscutiblemente el derecho a la intimidad de los ciudadanos destinatarios de ella, expresión indiscutible de la libertad de un individuo”, indicó Lleral en su fallo.

Un día después, la fiscal federal Silvina Avila apeló la medida. La fiscal argumentó que las conversaciones servían como material probatoria ante un presunto plan destinado a entorpecer la labor de la Justicia. Avila recordó en su escrito la presencia de testigos y pistas falsas que fueron entregadas por varias de las personas cuyos teléfonos terminaron intervenidos.

“El magistrado hizo hincapié en la imposibilidad de recibir declaración testimonial a las personas que habrían estado junto a Santiago en el momento de su desaparición y que según se afirmaba “había sido capturado”. Haciendo referencia a que nadie había identificado a estas personas, pese a que se había requerido a la vocera de la comunidad Pu Lof en Resistencia Cushamen que informe sus nombres, ofreciéndole reserva de identidad para los testigos y las seguridades de que a raíz de lo que declaren bajo juramento no podrían quedar imputados por haber interrumpido el servicio de transporte por tierra ese día”, señala la Cámara federal de Apelaciones en su resolución.

“De este modo, el juez Otranto hubo de efectuar una adecuada ponderación de los principios en juego en relación con el derecho a la vida privada y el interés público en juego. Ya que si bien la actividad implicó una restricción al derecho a la privacidad, la misma estaba encaminada a cumplir también la obligación del estado de investigar y dar con el paradero de Santiago Maldonado”, continúa. Y sigue: “El magistrado se encontraba ante un caso complejo en el que la evaluación del riesgo de la víctima habilitaba a poner en jaque todo el sistema diseñado en realidad para otro tipo de supuestos”.

“Podemos concluir entonces en que al fulminar la decisión de su antecesor, el a quo realizo una evaluación descontextualizada de los antecedentes que tuvo a la vista el juez Otranto, seguramente también influido por el cariz que estaba tomando la investigación al momento en que asumió”, sostienen apuntando a una falencia en el juez Lleral.

“Las consideraciones expuestas nos conmueven de la inexistencia de indicativos que ameriten la declaración de nulidad cuya revisión nos ocupa. Ello por cuanto las intervenciones telefónicas se llevaron a cabo de conformidad con el ordenamiento legal vigente y la decisión del magistrado se ajustó a los estándares legales que permiten validar la medida intromisiva”, concluyen.

Sin embargo, el doctor Leal de Ibarra opinó en disidencia acerca de la intervención del aparato de Sergio Maldonado. “Sin perjuicio de lo expuesto entiendo que otra debe ser la solución a adoptar con respecto a la injerencia en las comunicaciones telefónica de Sergio Maldonado. Ello por cuanto en su caso puntual cedería el requisito de necesariedad en tanto el fundamento de la intervención de su teléfono radicó en los datos aportados por Pilquiman. Lo cierto es que la intervención del teléfono de la misma, medida que ya se encontraba dispuesta permitiría adquirir conocimiento sobre las comunicaciones de ellos con Sergio Maldonado”, fundamentó.

Un argumento que fue rebatido por el juez Suárez. “Difiero en el punto con mi colega preopinante por cuanto considero que las condiciones de necesidad, excepcionalidad, proporcionalidad y razonabilidad que las legitiman, concurren en todas las intervenciones telefónicas ordenadas en ambas resoluciones nulificadas”, señaló.

Los extractos de las grabaciones que salieron a la luz son especialmente reveladores respecto de cómo se gestó la denuncia de una Desaparición Forzada a largo de las horas y días siguientes en que se perdió el rastro de Maldonado, con la participación de militantes mapuches, kirchneristas, de izquierda e integrantes de organizaciones Derechos Humanos.

En uno de los diálogos se escucha al abogado de la APDH Córdoba, Fernando Cabaleiro prácticamente dictándole al amigo del tatuador, Garzi, las circunstancias en que los mapuches en teoría observaron “detenido” a Maldonado en manos de Gendarmería Nacional.

En otra charla registrada, Sergio, hermano de Santiago, le exige a Claudina Pilquiman que los mapuches ofrezcan su testimonio ante la justicia federal. La dramática conversación permite comprender que el hijo de Claudina, Lucas Naiman Pilquiman (conocido como el Testigo E), le había dado “otra versión” de los hechos, diferente a la que entregó finalmente en diciembre de 2017 ante el juez Lleral.

Todo indica que Naiman le dijo a Maldonado que había visto cómo se llevaban a Santiago, y que luego se negaba a ratificarlo ante el magistrado. “Lo que conozco -le dice Sergio a Claudina- es lo que me contó Lucas a mi ¿Qué voy a cononer? Entonces ¿qué? ¿Mintió Lucas cuando me contó todo?”. Naiman Pilquiman le ratificó al magistrado que dejó a Maldonado solo y escondido entre la vegetación, junto al río.

 

Fuente: Clarín