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Juicio a la “Banda de Trayán”: las 10 claves del caso

El juicio a la “Banda de Trayán”, acusada de producir, traficar y vender drogas, comienza mañana.

El caso tuvo una gran repercusión porque Julio César Trayán, uno de los detenidos, era puntero político en Villa Muñecas y trabajaba en la Legislatura bajo las órdenes del oficialista Santiago Cano. También tuvo un paso por el Concejo Deliberante y era funcionario del Partido Justicialista.

Camuña dividió en tres el grado de responsabilidad de las siete personas que serán enjuiciadas si es que prospera su planteo. A Ricardo Gustavo García le imputó ser el líder y organizador de una asociación ilícita.

A sus hermanos Walter Adolfo y Daniel Eduardo García, a Trayán, a Jorge Andrés Saucedo y a Carlos José Casuso los acusa de ser responsables de tráfico de droga y de materias primas para la producción y fabricación de estupefacientes. Por último, Juan Carlos Straatman afronta el cargo de comercialización de drogas.

Las claves:

1-La organización
De acuerdo con la hipótesis que planteó el fiscal federal Pablo Camuña, se trataría de una organización criminal de escala intermedia, que habría tenido actividad interprovincial e internacional. Según la investigación, la banda se habría dedicado al acopio, tenencia, acondicionamiento, fraccionamiento, preparación, transporte, distribución y demás actividades relacionadas al tráfico de drogas. También los acusó de contrabando de materias primas para la producción o elaboración.

2-El líder
El investigador acusó a Ricardo Gustavo García de ser el líder de la organización. El sospechoso tiene antecedentes en la Justicia Federal de Córdoba. En septiembre de 2013, fue detenido junto con otro tucumano, Juan Luis D’Andrea, cuando transportaban 15 kilos de cocaína de máxima pureza y siete kilos de pasta base para que fuese “estirada”. Sin embargo, en el mismo mes de 2014 fue sobreseido junto con el resto de los integrantes de esa banda. El juez Ricardo Bustos Fierro entendió que el operativo que derivó en sus arrestos había sido armado ilegalmente por Juan “El Francés” Viernes, un informante de la policía cordobesa y supuesto espía del Ejército.

3-La traición
En el esquema de la organización, Julio César Trayán ocupaba un segundo nivel. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, se descubrió que el ex empleado legislativo se habría aliado con Daniel García, hermano del supuesto jefe de la organización, para quedar al frente del grupo o, al menos, comenzar a trabajar por cuenta propia. Al parecer, querían aprovecharse que el líder había sido detenido cuando fue descubierto trasladando marihuana. Los sospechosos, según los investigadores, conocían todos los contactos para continuar con la actividad.

4-Los químicos
A los cinco días de que se desarticulara la organización, la Justicia los golpes de gracia a la organización. Se encontró en Buenos Aires a las personas que habrían proveído los precursores químicos que utilizaban para cocinar y estirar la cocaína que habrían traficado. “Se secuestraron 3.800 kilos de ácido clorhídrico, más de 1.000 litros de ácido sulfúrico y 30 kilos de soda cáustica, como así también otros precursores químicos utilizados para la elaboración de estupefacientes”, se pudo leer en el pedido a elevación a juicio. En estos procedimientos fueron detenidos Jorge Andrés Saucedo y Carlos José Casuso.

5-El proveedor
Juan Carlos “El Alemán” Straatman fue el último sospechoso detenido en esta causa. El hombre, de casi 70 años, está acusado de ser el proveedor de la droga. Él, según la hipótesis que maneja el fiscal, desde Corrientes, lugar donde residía, le habría vendido marihuana y cocaína al grupo. Este sería la tercera vez que “El Alemán” afronta un juicio. En 2014, ante un tribunal de Córdoba, dijo que había sido detenido por militares en Paraguay en el marco del Plan Cóndor y encerrado durante 16 años. Pese a su edad, la Justicia le negó el beneficio del arresto domiciliario.

6-El alcance
Según la investigación del fiscal Camuña, “esta organización desarrollaba el marco de sus acciones delictivas en, al menos, Tucumán, Buenos Aires y Corrientes, donde generaban diversas acciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes”. En su planteo, el investigador sostiene que “tenía influencia y relaciones de comercio ilícito con personas en las provincias de Córdoba, Jujuy y Chubut, así como contactos internacionales, al menos, con personas de Paraguay y de Bolivia”.

7-La caída
El principio del fin de esta organización se produjo el 14 de septiembre de 2016. Por un informe de Gendarmería Nacional, por orden del juez federal Guillermo Molinari, se detuvo a Walter Adolfo García en la localidad chaqueña de Laguna Blanca cuando transportaba 80 kilos de marihuana en un Citroën C4. Horas después, en el paraje Makalle, también en Chaco, es arrestado Ricardo Gustavo García, mientras intentaba escapar en un Peugeot 206. El acusado de ser líder de la organización iba abriendo el camino a su hermano. Cinco días después, se detuvo a Trayán y a Daniel Eduardo García, En sus viviendas se secuestraron elementos para producir y fraccionar estupefacientes, como así también envoltorios con cocaína.

8-La investigación
La causa comenzó a instruirse en 2014 en la jurisdicción de Santa Fe. Luego pasó al fuero federal de Córdoba y, finalmente, terminó en manos de Camuña en 2015. En 2016, se sumó Santiago del Estero, pero se decidió unificar la causa en Tucumán. En la pesquisa tuvo una activa participación la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, y la División Antidrogas Córdoba de la Policía Federal.

9-Los fondos
La investigación de la ruta de dinero de la banda no ha culminado, hasta el momento. Después de que se le dictara la prisión preventiva, se le trabó un embargo de $ 5 millones a cada uno de los imputados. Los pesquisas sospechan que los fondos conseguidos en el negocio fueron utilizados para la compra de bienes materiales, como inmuebles y vehículos de alta gama. Se secuestraron varios autos y camionetas, pero creen que los acusados tendrían muchos bienes más.

10-El final
Luego de que el fiscal pidiera que los acusados fueran sometidos a juicio, el juez federal Fernando Poviña tiene un plazo para notificar a los defensores de los imputados. Los profesionales también tienen contados los días para realizar todos los planteos correspondientes para que sean resueltos. Recién ahí, el magistrado deberá definir si serán sometidos a un debate oral. Si acepta el requerimiento, las audiencias podrían comenzar antes de que finalice el primer trimestre de 2018.

 

 

 

Fuente: La Gaceta