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El comercio, asfixiado por los Ingresos Brutos

El Gobierno analiza bajar la presión para pequeñas y medianas farmacias. Volverá la alícuota cero para citrus, arándanos y frutillas.

Un comerciante del microcentro hacía la siguiente ecuación al hablar sobre el efecto de los cambios de alícuotas en el impuesto sobre los Ingresos Brutos. “La alícuota subió del 3,5% al 5%; mis ventas son cercanas a los $ 6,6 millones mensuales y, comparando enero versus diciembre, observo que la carga impositiva ha crecido en $ 100.000; sí, el equivalente a casi siete salarios”, relata. Pero la queja no queda allí. Los hombres de negocios perciben que quedan saldos a favor que pasan a ser el pasivo de la Dirección General de Rentas. En otras palabras, la deuda que el fisco acumula con los contribuyentes. Todo esto ha llevado a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a denunciar el aumento de la carga fiscal. “Por lo menos seis provincias ya aprobaron aumentos en las alícuotas de Ingresos Brutos al comercio y los servicios para este año, y eso pone en riesgo a centenares de PyME de esos sectores”, indicó su titular, Fabián Tarrío. Uno de esos distritos es Tucumán.

“El peso de los impuestos se irá reduciendo paulatinamente, conforme a lo acordado en el Consenso Fiscal”, manifestó el gobernador Juan Manzur cuando se le consultó acerca del reclamo empresarial. La Provincia ha llevado al máximo las alícuotas permitidas por la Nación. Aquella reducción se dará hasta 2022, según el texto del acuerdo Nación-provincias, hasta llegar a un impuesto sobre las ventas. El mismo pacto fiscal señala, a su vez, que el fisco provincial tendrá que “establecer un mecanismo de devolución automática al contribuyente del saldo a favor generado por retenciones y percepciones, acumulado durante un plazo razonable, que en ningún caso podrá exceder los seis meses desde la presentación de la solicitud efectuada por el contribuyente, siempre que se encuentren cumplidas las condiciones y el procedimiento establecido por las jurisdicciones locales para esa devolución”. Al respecto, desde el Ministerio de Economía reconocen que ese proceso está en análisis y que los saldos acumulados pueden llegar a rozar los $ 300 millones. “Se trata de un dinero que no paga intereses con la inflación existente. Entonces, ¿quién paga el costo de estos préstamos anticipados que le hacen los contribuyentes al fisco?”, indica Agustín Zeppa, tesorero del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán. En otras palabras, el tributarista considera que se trata de un endeudamiento interno del Estado a costo cero, sin resarcimiento a aquellos contribuyentes afectados. “Estamos trabajando en eso porque hay un compromiso firme acordado con la Nación”, respondió, por su parte, el ministro de Economía, Eduardo Garvich. Así como la situación de los saldos a favor, otra de las medidas que pronto alumbrará en el Gobierno es la vigencia de la alícuota cero para algunas actividades productivas como el citrus, el arándano o la frutilla. Además, hay posibilidades de que las pequeñas y medianas droguerías recuperen la alícuota anterior para quitar la presión fiscal (salvo a aquellas cuya facturación supere los $ 3 millones al año) que, según denunciaron, pone en jaque a esa actividad.

Según los expertos, el incremento de las alícuotas no necesariamente se traslada, automáticamente, al precio final. Uno de los ejemplos es el de las farmacias, ya que los medicamentos vienen con precios sugeridos. Lo mismo sucedería con los seguros (sólo se cobran comisiones en la provincia) y el combustible. Más flexible es la situación de los alimentos y las bebidas, que sí registraron incrementos por los mayores costos fijos, como el de las tarifas.

Más allá de estas cuestiones, a la recaudación de la Dirección General de Rentas no le ha ido tan mal. Sólo en el primer mes del año (último dato disponible), los ingresos provinciales crecieron 33% respecto de enero de 2017. Se recaudaron casi $ 1.450 millones mensuales, de los cuales $ 1.078 correspondieron a Ingresos Brutos. Garvich admite que, además del efecto inflacionario y de la alícuota, esa recaudación denota una mejora en construcción privada y algunas actividades productivas. “Ingresos Brutos es un impuesto distorsivo y regresivo. Por eso, el Gobierno había convenido trabajar en su reducción”, recordó CAME. Pero en el capítulo III del nuevo Consenso Fiscal firmado a mediados de noviembre pasado, se establecieron topes máximos de alícuotas para 2018 que en el sector comercio y servicios estaban muy por encima de las vigentes. Frente a la falta de recursos, las provincias decidieron incrementar este tributo, denunció la entidad.

Fuente: La Gaceta