País

Se registraron más de 5.000 casos de tortura en cárceles argentinas durante 2017

"La tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural, extendido y persistente", sostiene un documento.

El castigo de la prisión no es sólo el encierro. La pena también se aplica sobre el cuerpo de los presos y las presas. Aunque esté prohibido, es una costumbre permitida por omisión: son muy pocos los casos que se denuncian y muchos menos en los que hay justicia posterior. Aislamiento individual, requisas, golpes, mala alimentación, amenazas, robos y bloqueo de las visitas familiares son algunas de las formas en las que las autoridades de las cárceles ejercen tortura sobre los internos.

El Registro Nacional de Casos de Tortura, que lleva control desde 2010, detectó durante 2017 a 1.408 víctimas que sufrieron 5.328 hechos de tortura o malos tratos o ambas de parte de los agentes penitenciarios. Estas cifras son de base, se estima que los casos son muchos más.

“La tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural, extendido y persistente”, sostiene el documento, elaborado en conjunto por la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos.

En un juicio realizado semanas atrás el preso Lucas Mendoza relató frente a los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata lo que había vivido 10 años antes en la cárcel de Ezeiza: “Uno, de tantos golpes ahí, ya se acostumbra; de tantos malos tratos, uno se adapta a esa forma de vida. Lo hacen un animal, prácticamente. Esta gente que son peores que nosotros por cómo nos tratan. Ahí dejamos de ser seres humanos”.

El trabajo para el Registro se realizó en 10 unidades penales de la provincia de Buenos Aires y en seis unidades penales y una alcaidía penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal. También se relevaron víctimas en otras 14 cárceles federales, una alcaidía federal, seis unidades de servicios penitenciarios provinciales (Misiones, Córdoba, Santa Fe y San Juan) y tres institutos dependientes del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, se relevaron víctimas en otras 23 cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense y siete centros cerrados del organismo provincial de niñez y adolescencia de la provincia de Buenos Aires.

De las 1.408 víctimas la mayoría son jóvenes de entre 22 y 44 años y hombres (87,9%), mientras que las mujeres representan el 11,9% y tres detenidas trans, que equivalen al 0,2% del total.

Los investigadores identificaron 11 tipos de torturas: agresiones físicas (866 hechos), falta o deficiente asistencia de la salud (830), aislamiento (823), malas condiciones materiales de detención (772), falta o deficiente alimentación (586), amenazas (354), impedimentos de vinculación familiar y social (340), requisa personal vejatoria (325), robo y/o daño de pertenencias (188), traslados gravosos (137) y traslados constantes (107).

“No relevamos para cuantificar la tortura, planificamos un trabajo de campo anual. De antemano decimos cuánta cantidad de personas vamos a entrevistar, y de eso, más observaciones de campo, sale la masa empírica para decir que la tortura está presente, que es sistemática, generalizada y estructural”, explica Alcira Daroqui, directora del Departamento de Investigaciones de la Procuración y coordinadora del Registro, y aclara: “Sí podemos afirmar que desde el año 2007 hasta acá hemos detectado que en los 11 tipos de tortura nunca dejamos de tener un solo caso. Esto no es un termómetro de la tortura, nos interesa hablar de lo que pasa en democracia”.

Las agresiones físicas se presentan nuevamente como el tipo de tortura relevado con mayor frecuencia y marcan “la persistencia de la regularidad y sistematicidad de la violencia física penitenciaria, a través de la reiteración de hechos que incluyen actos combinados de golpes de puño, patadas, palazos, y en ocasiones incluyen otras modalidades de agresión como el uso de gas pimienta o lacrimógeno, el ‘criqueo/motoneta’ o el ‘Plaf-plaf'”, explican los realizadores del documento.

La “motoneta” consiste en esposar violentamente a la persona detenida, con los brazos atrás y levantados por encima de la cabeza. Y el “plaf-plaf” son golpes simultáneos con las dos manos en ambos oídos, que provocan aturdimiento.

Los expertos que se ocupan de revisar cada año estas situaciones hacen hincapié en la “multidimensionalidad” de los hechos de tortura y malos tratos. Alcira Daroqui relata una situación que se dio este enero pasado: “Fuimos a una celda de aislamiento por el caso de una persona que estuvo 24 horas ahí, rodeada de botellas de orina y materia fecal porque los inodoros están tapados, sin colchón, durmiendo sobre una chapa. Tenía que tapar la ventana con un cartón para que no entren las ratas, no le daban de comer o una vez al día y poco, por lo tanto padecía hambre. Esta persona tenía un dolor de muela y no era asistida. Denunció los malos tratos y el servicio penitenciario la golpeó para que retirara la denuncia”.

A la falta de elementos de necesidad básica, como agua, iluminación, colchones y ropa de cama, elementos de higiene y limpieza, la presencia de cucarachas y ratas, el deterioro de las instalaciones y en particular de sanitarios, se le agrega la falta de higiene y salubridad en la comida, que además, suele ser escasa y pobre en sus valores nutritivos. “Además, las personas detenidas no suelen contar con instalaciones para cocinar y elementos para comer”, explica el informe, y aclara que estos problemas no son exclusivos de un sistema penitenciario y se da tanto en cárceles federales como en las bonaerenses.

“Los funcionarios estatales en los servicios penitenciarios relevados, además de mantener condiciones degradantes de vida, encerrar o aislar dentro del encierro, agredir físicamente, producir hambre y desatender la salud, impiden u obstaculizan los vínculos familiares, amenazan con más actos de violencia ya concretados generando sumisión e impunidad, requisan en forma vejatoria y humillante, roban y dañan las pertenencias de las personas detenidas, las trasladan en forma gravosa y/o constante”, dice el documento.

La mayoría de las agresiones ocurren en los pasillos y pabellones, durante reclamos individuales o mientras se desarrollan requisas, como cuenta este testimonio tomado de los expedientes internos: “Las detenidas narraron que el día 18 de enero la jefa de turno les tiró una frazada, ante lo cual iniciaron un reclamo siendo dos de ellas trasladadas al sector de aislamiento llamado ‘los tubos’. Una de las víctimas manifestó: ‘Me agarraron de los pelos y me empujaron contra la pared, me llevaron al Sector B [celdas de aislamiento] y al llegar a la celda me aplastaron contra la cama dejándome un moretón’. La otra detenida comentó: ‘Cuando entraron, me esposaron y me tiraron, me dieron un par de piñas, también’. Ambas permanecieron con un régimen de aislamiento de 23 horas, sin acceso al baño, ni ropa, ni elementos de higiene desde hacía 5 días. También fueron amenazadas con ser trasladadas a la Unidad N° 27 (anexo psiquiátrico). Cabe agregar que, como medida de fuerza por las condiciones de detención referidas, las detenidas se encontraban realizando una huelga de hambre”.

El 20% de los internos que denunciaron torturas detallaron que los hechos ocurrieron más de una vez. Pero tampoco es posible establecer la cantidad total de los hechos, algo que se conoce como “cifra negra”.

La violencia ocurre desde el primer momento de la detención, dentro de las comisarías, durante traslados, en alcaidías, destacamentos. Casi la mitad de los casos se registraron en los grandes complejos penitenciarios del Área Metropolitana: Ezeiza (55%), Marcos Paz (30%) y Devoto (15%).

De acuerdo al protocolo de Estambul, la denuncia penal sobre torturas debe hacerse solo por pedido expreso de la víctima detenida. De ese modo, durante 2017 se registraron apenas 198 denuncias. Las razones son tan obvias como estremecedoras y las resume Daroqui: “Denuncian muy poco por dos motivos: porque el ámbito judicial no hace nada, otorga impunidad, y por miedo a que el Servicio Penitenciario los mate o los trasladen o los tiren a otro pabellón donde los maten otros presos. Con eso los asustan, los acallan. Y así y todo se producen algunas denuncias interesantes porque permiten demostrar cómo el Poder Judicial prácticamente archiva o esconde estos casos”.

 

Fuente: Infobae