Política

Docentes de Derecho de la UNT piden que se adhiera a la ley de Salud Sexual

El Espacio Intercátedras de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT envió una nota a la Legislatura para expresar su “preocupación por la falta de adhesión de la Provincia a la ley nacional 25.673”, que prevé “la creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable”.

A través de un escrito dirigido al legislador Christian Rodríguez, jefe del bloque Peronismo del Bicentenario, el grupo de 16 docentes, encabezado por María Sofía GandurPablo Martín MercadoAugusto Moeykens y Soledad Deza, requirió participar de los debates que lleva adelante esa bancada. “Solicitamos nos conceda una audiencia. Tucumán merece, después de 16 años de mora, que se apruebe esa ley para poner a su población en igualdad de derechos que todo el país”, indicaron en el escrito.

Rodríguez le confirmó a este diario que el encuentro se producirá mañana, en la sede legislativa de calle Muñecas 951.

En paralelo a este trabajo, la comisión de Salud Pública de la Legislatura, que preside el manzurista Reneé Ramírez, también inició una rueda de consultas por este tema, que genera posturas a favor y otras en contra, al punto de que en estos años las distintas iniciativas planteadas no llegaron al recinto. Existe un proyecto de adhesión a la ley nacional de Salud Sexual, elaborado por la peronista disidente Stella Maris Córdoba, que cuenta con dictamen de la comisión de Familia, pero estaría próximo a perder estado parlamentario.

Para casos de abuso sexual

Tres legisladores elevaron un proyecto que apunta a establecer un “protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” (ILE) en la Provincia. Si bien la disposición fue emitida en junio de 2015 por el Ministerio de Salud de la Nación -en línea con el fallo “FAL”, dictado tres años antes por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)-, el objetivo de la iniciativa es instrumentar la aplicación de ese protocolo para todos los casos de abortos no punibles.

La iniciativa es impulsada por el titular de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Fernando Valdez (UCR), por la presidenta de la comisión de Educación y Cultura, Silvia Rojkés (Tucumán Crece-PJ) y por la jefa de la comisión de Legislación Social, Nancy Bulacio (Tucumán Crece-PT). Si bien el tema fue planteado cuando aún resuenan los ecos del debate en el Congreso de la Nación para habilitar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), medida que finalmente no obtuvo sanción, el proyecto en cuestión refiere concretamente a las circunstancias contempladas desde 1921 en el Código Penal Argentino. El artículo 86 de esa norma exime de penas los abortos en los casos de “peligro para la vida o la salud de la madre” y también en aquellos en los que “el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. Valdez, Rojkés y Bulacio remarcaron que en 2012, en el marco de la causa “FAL” -sobre una menor de 15 años que había abortado, tras ser víctima de abuso sexual por parte de su padrastro-, la Corte nacional estableció los alcances del artículo 86, y determinó que “el aborto es no punible cuando el embarazo proviene de una relación sexual no consentida”. Los legisladores añadieron que, siguiendo ese fallo, el Ministerio de Salud de la Nación, entonces a cargo de Daniel Gollán, publicó en su sitio oficial en junio de 2015 un protocolo “de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino” y que debía “ser puesto en práctica por todas las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas”. Para acceder a esta intervención, la víctima debe firmar un documento con carácter de declaración jurada. Si se trata de una menor a 14 años o de una persona discapacitada, el consentimiento debe ser otorgado por su tutor. Valdez, Rojkés y Bulacio destacaron que “a seis años del fallo ‘FAL’, sólo ocho de las 24 jurisdicciones poseen protocolos de atención”.

Fuente La Gaceta