Política

En promedio, el aumento de los patrimonios de los diputados y senadores duplicó la inflación

Diez de los 12 diputados y senadores por Tucumán indicaron a la Oficina Anticorrpción (OA) que sus patrimoios aumentaron durante 2017 en comparación con el año anterior. Las excepciones a esa tendencia son José Cano (UCR-), que informó el mismo nivel de bienes -en números redondos-, y José Orellana (PJ), cuya declaración jurada no está disponible en la base de datos oficial (ver “Las últimas declaraciones juradas…”). El incremento promedio llega al 68% y duplica con amplitud la inflación oficial del año pasado, que fue del 25%. En la conformación de este porcentaje general incidieron particularmente las declaraciones juradas del senador José Alperovich (PJ), y de los diputados Facundo Garretón (PRO-C), Gladys Medina (PJ) y Marcelo Santillán (FPV).

Garretón informó un aumento del 302%; Medina, del 110%; Alperovich, del 104,5% y Santillán, del 94%. También crecieron por encima del Índice de Precios al Consumidor que mide el Indec los peculios de las senadoras Beatriz Mirkin (PJ) y Silvia Elías de Pérez (UCR-C), que exhiben subas del 40% respecto de las declaraciones juradas correspondientes a 2016.

Dos de los cuatro patrimonios que más aumentaron entre 2016 y 2017, los de Alperovich y Garretón, se corresponden con las mayores fortunas declaradas de la serie (ver “El ranking…”). Alperovich, que es el senador más acaudalado del país, está muy lejos de sus coprovincianos de las cámaras Baja y Alta: él solo septuplica el patrimonio conjunto de los 10 senadores y diputados tucumanos restantes (queda excluido Orellana). En el otro extremo de la tabla se ubica Beatriz Ávila (PJS-C), que declaró bienes por $ 460.000, $ 26.000 menos que la senadora Elías de Pérez. Incluido Alperovich, el representante tucumano promedio en el Congreso de la Nación tiene $ 47 millones. Excluido el ex gobernador, esa cifra hipotética se acerca a los $ 5,5, es decir, al patrimonio que declaró Pablo Yedlin (PJ). El ex secretario general de la Gobernación de Juan Manzur consignó que posee siete casas y que sus bienes aumentaron el 12%.

El seguimiento periódico de la evolución patrimonial sólo puede ser practicado respecto de los funcionarios públicos con cargos en la Nación puesto que en la esfera provincial rige el secretismo desde hace 45 años (se informa por separado). Las declaraciones juradas inicial, anuales y final disponibles en la OA están reguladas por la Ley 25.188, de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Tras una reforma promovida por el kirchnerismo (la llamada “democratización de la Justicia”), los formularios de acceso libre dejaron de presentar los datos patrimoniales relativos a los cónyuges o convivientes, e hijos menores de edad del declarante, información que consta en anexos reservados, lo mismo que los detalles sensibles (ubicación exacta de los inmuebles, números de cuentas bancarias, etcétera). Ello implica que los funcionarios nacionales informan sus bienes a título personal.

Las declaraciones juradas reflejan las valuaciones fiscales de las propiedades inmobiliarias, que están muy atrasadas respecto de los valores de mercado -sobre todo en el caso de los inmuebles rurales-. Por eso aparecen números distantes de la realidad, que “achatan” las fortunas y que resultan irrisorios en función de los precios vigentes. La información entregada a la Oficina Anticorrupción sirve, entonces, para dar una idea a grandes trazos o una noción meramente orientativa sobre los bienes particulares de las autoridades públicas. Los patrimonios reales son, en casi todos los casos, superiores a los declarados.

 

 

Fuente: La Gaceta