País

La Corte salteña arbitra la insólita pelea por tierras de un gaucho y una empresa

Hoyos defiende 46 hectáreas ante una empresa, La Tablada, que las reclama como propias.

El hombre que dio vida a la tropilla “La Resbalosa”, caballada infaltable en los festivales de doma, protagoniza una insólita puja de tierras que tiene absurdas lógicas de límites, matrículas catastrales anuladas por el Ejecutivo provincial, a una escribana imputada en una causa penal y a la Corte salteña convertida en ahora árbitro de un tortuoso derrotero judicial que podría sentar peligrosos precedentes para la seguridad jurídica y la propiedad privada.

Agustín Hoyos, el gaucho de La Isla que nada tiene que ver con el empresario homónimo de La Merced condenado en 2005 por abuso sexual y corrupción de menores, defiende 46 hectáreas ante una empresa, La Tablada, que las reclama como propias.

El campo en disputa colinda con el barrio Los Pinares y las 60 hectáreas que expropió la Provincia en Cerrillos para la futura urbanización Los Paraísos. En ese loteo, de más de 1.200 parcelas, se ejecutaron redes de electricidad y agua presupuestadas en cerca de $60 millones. Las obras de infraestructura, financiadas con recursos provinciales y nacionales, acrecentaron el atractivo de las tierras de La Isla, uno de los parajes del Valle de Lerma donde fincas de bajo valor son convertidas en las nuevas ciudades dormitorio de la incipiente, desarticulada y caótica área metropolitana de Salta.

Vacío catastral

Hoyos reside en la finca El Yuscal desde 1958. “Vivo aquí desde los 13 años y tengo cuatro hijos que también se criaron en este lugar”, reseñó, tras sostener que ejerce legítimos derechos posesorios sobre las 46 hectáreas en pugna desde hace 39 años. Como en tantos vacíos catastrales que persisten en diferentes rincones de la provincia, esa fracción no tiene asignado un catastro. El gaucho de La Isla manifestó que la posesión pública, pacífica e ininterrumpida de las tierras donde desarrolla su actividad productiva centrada en la cría de caballos se remonta a 1979, cuando las recibió por adjudicación y cesión en el sucesorio de su padre fallecido, Esteban Hoyos.

El titular de la tropilla “La Resbalosa” denunció que La Tablada pretende despojarlo de sus tierras invocando que le pertenecen. Para ello, según denunció, la firma inició actuaciones en Inmuebles y en la Justicia civil que desembocaron en un hecho delictivo que tiene hoy imputada a una escribana, Violeta Teresita Burgos de Molina por presunta falsedad ideológica, estafa y desbaratamiento de derechos.

La empresa basó su reclamo en la compra de un campo -ubicado en las inmediaciones, pero no colindante con las tierras ocupadas por Hoyos- que se remonta a 48 años atrás. Según una escritura que labró la escribana Burgos de Molina el 30 de diciembre de 1970, la empresa le compró entonces a Néstor Arturo Marrupe una fracción remanente identificada con la matrícula 3411 de Cerrillos.

El espacio del inmueble rural adquirido por La Tablada quedó definido en la escritura de 1970 con “un total de 209 hectáreas o la superficie que resulte tener dentro de los siguientes límites: al norte, con el Río Ancho; al sud, con el camino vecinal (que se extiende desde la ruta provincial 26 hacia el este y es el acceso actual al predio deportivo Fanáticos); al este, con el Río Arenales, y al oeste con la propiedad vendida al señor Juan Carlos Gallo”. Esta última es la matrícula 3410 de Cerrillos.

“Error” de límites

El 14 de noviembre de 2000, a través de la escritura pública 413, labrada por el escribano Juan Fernando Cansino Vera, La Tablada intentó incorporar a su propiedad las tierras que ocupa Hoyos, con el argumento de que pertenecen a la matrícula 3411, pero que no fueron tenidas en cuenta en la escritura de compraventa de 1970 por un supuesto “error” de redacción de la escribana actuante.

La empresa esgrimió de esa forma que adquirió dos fracciones discontinuas, separadas por el campo que Marrupe había vendido tiempo antes a Gallo. Para sacar de las tierras a Hoyos, la firma presentó en Inmuebles el plano 1157, de mensura y desmembramiento del catastro 3411, con el que logró que el organismo le asignara en 2006 las nuevas matrículas 7220 (con una supuesta superficie de 162 hectáreas enmarcadas dentro de los límites definidos en la escritura de 1970) y la 7269 (en la que se incorporaron las 46 hectáreas que posee actualmente Hoyos).

Frente al avance registral, el gaucho de La Isla denunció ante Inmuebles que el plano 1157 carecía de efectos jurídicos. Tras analizar los antecedentes, la Junta de Catastros de la Provincia resolvió que ese plano contenía graves inexactitudes y era nulo. En 2008, con el decreto 5464, el Ejecutivo provincial dejó sin efecto las resoluciones de la Junta de Catastro y declaró la incompetencia material de la Administración para dirimir cuestiones relativas al derecho de dominio de particulares.

En el mencionado decreto se dictaminó que el plano 1157 no era válido y que para subsanar cualquier error debía observarse el procedimiento previsto por la ley 17.801 de registro de la propiedad. Poco tiempo después Inmuebles dejo sin efecto los catastros 7269 y 7270, y restableció la matrícula originaria 3411.

Juicio reivindicatorio

Tras el revés administrativo, La Tablada promovió un juicio de reivindicación en contra de Hoyos, para despojarlo de las tierras que ocupa desde hace 39 años por la vía judicial. Para ello invocó nuevamente la tesis del “error de redacción” y presentó en el fuero civil un contrato de comodato relacionado, según afirma el gaucho de La Isla, a una fracción de la matrícula 3411. La empresa adjuntó a ese contrato un croquis hecho a mano que señalaba como supuesto objeto del comodato a las 46 hectáreas en disputa.

El valor probatorio del plano quedó desvirtuado por una pericia documentológica. También se dilucidó que los límites definidos por la escritura de 1970 eran de poco más de 190 hectáreas y no de 162 como se hizo constar en el plano de mensura 1157 para incluir las 46 hectáreas en la matricula 3411, con la que ni siquiera colindan.

En septiembre de 2015 la Sala II de la Cámara de Apelaciones rechazó la demanda reivindicatoria presentada por la firma, tras concluir, entre otros conceptos, en la existencia de “graves inexactitudes” y un “error esencial” en la escritura con la que María del Valle Domené de Molina, en representación de la sucesión de Oscar Molina, buscaba que la Justicia condene a Hoyos a entregarle las 46 hectáreas que bordean al barrio Los Pinares y al avanzado loteo estatal de Los Paraísos.

En el mismo fallo, las juezas Verónica Gómez Naar y Hebe Samsón desestimaron la prescripción adquisitiva de dominio que había entablado Hoyos. Los testimonios presentados a su favor por cinco lugareños no fueron suficientes para convencer a las magistradas sobre la posesión pacífica, pública e ininterrumpida de las tierras que él asegura haber heredado de su padre en 1979.

Escribana imputada por una inscripción irregular

Luego del revés judicial que sufrió en la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, la empresa La Tablada optó por una nueva estrategia para enmendar las irregularidades marcadas en sede administrativa y por el tribunal de segunda instancia.
Para corregir la incongruente descripción de límites realizada en el anulado desmembramiento de la matrícula 3411, la firma hizo redactar una escritura rectificativa que la escribana Violeta Teresita Burgos de Molina presentó ante Inmuebles. La escritura pública Nº 11, labrada en octubre de 2016, fue devuelta por el organismo porque había sido confeccionada sin la intervención de la parte vendedora.

Para la fiscal, la notaria habría abusado de la buena fe de los hijos de Marrupe.

Para subsanar el vicio, la escribana acudió a los herederos de Néstor Marrupe para que prestaran su conformidad a la rectificación de límites de una compraventa que se había realizado 46 años atrás, cuando los tres hijos del fallecido vendedor de las tierras, Néstor (h), Sergio y Dorlisa, tenían menos de 9 años.

En el acta, labrada mediante escritura pública Nº 2, la notaria consignó que Néstor (h) compareció en forma “voluntaria y espontánea” para dejar constancia de que no tenía oposición alguna respecto de la aclaración y rectificación de límites efectuada mediante la escritura Nº 11. En el acta también se consignó que Néstor (h) se encontraba internado en el sanatorio El Carmen cuando la escribana le requirió su consentimiento.

Su médico de cabecera, Ricardo Rivadeneira, declaró tiempo después ante la fiscal de Impugnación Nº 1, María Josefina David de Herrera, que al momento de requerirse su firma en el acta, en marzo de 2017, Néstor (h) “no estaba en condiciones de tomar decisiones”. Tenía diabetes melitus insulino dependiente y en octubre de 2016 había sufrido un ACV. Después le diagnosticaron una leucemia mielobástica aguda que causó su fallecimiento en junio de 2017. La viuda y los hijos de Néstor (H) también dieron cuenta, por escritura pública, de que por su grave estado de salud “ni siquiera podía reconocer a sus hijos”.

La Ley 17801: la norma que rige para el registro de propiedades inmuebles en el país establece, en su artículo 35, que cualquier error u omisión en una escritura sólo puede ser rectificado con un documento de la misma naturaleza o por una resolución judicial.

Sus hermanos Dorlisa y Sergio aclararon ante la fiscal que ellos, por la corta edad que tenían en 1970, no habían tenido participación alguna en la venta de tierras realizada por su padre a la firma La Tablada y que desconocían por completo los límites consignados en la escritura rectificativa Nº 11. Ricardo, además, manifestó que nunca se les leyó el contenido de esa escritura.

Hoyos denunció que la escribana Burgos de Molina acudió nuevamente a la Dirección General de Inmuebles y obtuvo de esa “manera irregular” la inscripción de ambas escrituras. Posteriormente, la firma La Tablada se presentó ante el tribunal de alzada civil y denunció como hecho nuevo la ratificación de límites de la matrícula 3411.

Por ello, la escribana quedó imputada por falsedad ideológica y como copartícipe necesaria de estafa y desbaratamiento de derechos. La fiscal David de Herrera también dispuso la individualización de las personas que contrataron los servicios de la profesional y que resultaron beneficiadas con la inscripción de las escrituras en Inmuebles.

Finalmente, La Tablaba llegó a la Corte salteña con su demanda reivindicatoria reafirmada con una inscripción irregular. El máximo tribunal de la provincia tiene la definición del expediente civil a resolución, con una causa penal en pleno trámite. El fallo que está en camino, si no se atienden los hechos concatenados, podría sentar un lamentable precedente para la seguridad jurídica y la propiedad privada.

 

Fuente: El Tribuno