Política

Legisladores firman un proyecto para “salvar las dos vidas” en Tucumán

“Salvar las dos vidas”, es el objetivo de un proyecto de ley presentado por más de la mitad de los legisladores tucumanos. Oficialistas y opositores estamparon sus firmas en una iniciativa tendiente a la protección integral de la mujer embarazada y del niño por nacer.

Luego del debate nacional por el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que finalmente fue rechazado en el Senado, la discusión sobre el aborto quedó pospuesta en el país. En Tucumán, la mayoría de la dirigencia política se había pronunciado en contra; incluso la Legislatura declaró a la provincia “provida” y manifestó su rechazó a las iniciativas que se analizaban en el Congreso. En paralelo, hace un par de semanas perdió estado parlamentario en la Cámara tucumana el único proyecto de adhesión a las leyes nacionales de salud sexual y procreación responsable.

Ahora, 29 legisladores presentaron una iniciativa que reeditará la discusión, bajo el argumento de dar cumplimiento al artículo 146 de la Constitución, según el cual el Estado reconoce a la salud como “derecho fundamental de la persona”, el “derecho a la vida desde la concepción”. “En este proyecto de ley se sienta como Política de Estado la obligación de salvar las dos vidas. En tal sentido el Estado debe armonizar los derechos de la mujer embarazada con los derechos del niño por nacer, procurando buscar alternativas al aborto, entre ellas, además de la contención integral de la mujer, la adopción del niño”, plantea el texto, firmado por los oficialistas Ramón Cano y Marcelo Caponio, entre otros, y los opositores Alberto Colombres Garmendia y Claudio Viña, por ejemplo.

“El proyecto de ley se redactó con el convencimiento de que es posible y necesario, compatibilizar y armonizar los derechos de la mujer embarazada, y en especial los de la mujer víctima de delitos contra la integridad sexual, con el derecho humano a la vida del niño por nacer, y su garantía de igualdad y no discriminación”, se aclara.

“Se considera como un caso de violencia contra la mujer. toda interferencia externa, sea estatal o p rticular, que tenga por objeto inducir o convencer a la mujer embarazada a la práctica de un aborto”, se expone.

Los firmantes, además, expresan que tomaron como punto de partida una  ley de Valencia, en España, en cuanto a medidas positivas de protección  integral tanto de la mujer embarazada como del niño por nacer. El  proyecto consta de cinco capítulos. En el primero se delinean los  principios generales: la protección de la maternidad y de la vida en  formación, desde el momento de la concepción hasta la mayoría de edad; y  los derechos del niño a desarrollarse en un ambiente distinto al  biológico cuando lo requiera su interés superior. “Igualmente, la  prohibición de discriminar al niño por nacer en ‘niños deseados’ o  ‘niños no deseados’, discriminación aberrante e intolerable en un Estado de Derecho y en una civilización que se precie de respetuosa por los  Derechos Humanos”, se expresa.

El segundo capítulo dispone las medidas de acción para garantizar el  derecho a la vida: la obligación del Estado de realizar campañas de  concientización del valor de la vida; la posibilidad de concertar  convenios con organizaciones no gubernamentales de reconocida solvencia  en su lucha a favor de la vida y la protección simultanea del la mujer gestante y el niño por nacer; la creación de una línea telefónica gratuita para atención y contención a  los padres; la creación de una guía de recursos, apoyo y asistencia a la maternidad que contenga información sobre los centros de atención a la  maternidad, las prestaciones y las ayudas a las que puede acceder la  mujer gestante desde que acredite su embarazo, y la nómina de entidades  no gubernamentales provida que presten similar asistencia.

El tercero regula la creación y funcionamiento de los Centros de  Atención a la Maternidad, las madres en situaciones de riesgo, las  prioridades en materia de política asistencial, y el fomento de la  adopción como un principio rector de la política social del Estado  provincial. “Igualmente se prevé la posibilidad de realizar convenios de  cooperación y asistencia con fundaciones o asociaciones sin fines de lucro que tengan por objeto tanto la asistencia a la madre  en situación de riesgo como al niño por nacer y su eventual adopción”,  se lee.

El capítulo cuarto establece las pautas obligatorias que el Estado debe implementar para atender a la mujer víctima de delitos contra la integridad sexual. Así dispone que el Estado Provincial brinde a la mujer víctima, de manera inmediata y permanente, asistencia integral médica, psíquica, psicológica, sexual, reproductiva, legal y espiritual. “La mujer víctima de violencia sexual deberá ser informada en forma completa y detallada de las consecuencias físicas y psicológicas que apareja un aborto, tanto en su persona como en la vida del niño que lleva en su vientre”, se remarca. Una vez informada y asistida la mujer, el proyecto prevé que la realización obligatoria de una ecografía. “Esto como parte integrante del derecho de la mujer a la salud, ante el peligro de la existencia de un embarazo ectópico u otra patología, como de su derecho a la información”, se justifica.

“Entendemos que el Estado debe poner todos los recursos disponibles a su alcance para garantizar la vida del niño por nacer, compatibilizando, armonizando y amparando la dignidad y los derechos de la mujer embarazada, con los derechos de su hijo. Se procura la armonización de los derechos de la mujer en general, y en particular de la víctima de ‘violación, con los derechos y garantías del niño por nacer, concretamente su derecho a la vida reconocido y garantizado por la Constitución Provincial desde el momento de la concepción, y la garantía de Nacional”, completan los legisladores.

 El proyecto completo

 

 

 

Fuente: La Gaceta