Policiales

Un llamado de la Corte busca resolver la crisis penitenciaria

El presidente del tribunal supremo anticipó que se dictará un nuevo pronunciamiento.

La fiscala Adriana Giannoni afirma que se va a intensificar el control de lo que sucede en las comisarías desbordadas de detenidos. “Otro de los puntos que se deben determinar es por qué el penal de Villa Urquiza no está recibiendo a los presos de las comisarías desde hace por lo menos cuatro meses”, explicó la funcionaria, que pidió que se clausurara la comisaría 11a, donde el domingo 26 de febrero hubo un motín en protesta porque los presos estaban hacinados y en medio de líquidos cloacales. La seccional tiene menos detenidos, pero no ha sido clausurada aún.

La fiscala había ordenado la clausura al comprobar que había 33 detenidos en una celda que está habilitada para alojar a ocho personas. Gianonni dijo que especialistas corroboraron que las condiciones edilicias de la seccional 11ª no eran aptas, porque el sistema cloacal estaba colapsado y había un contacto directo de los líquidos cloacales con los detenidos.

Además, un médico forense dijo que la situación sanitaria de las personas privadas de su libertad también era grave. Consideró que las enfermedades en la piel podrían haber sido provocadas por el hacinamiento y las aguas servidas que ingresaban al arresto.

Giannoni dijo ayer que urge saber qué ocurre en la cárcel, que ha suspendido el ingreso de nuevos presos. El ministro de Seguridad, Claudio Maley, había dicho el viernes de la semana pasada, en la reunión con la comisión de seguimiento de la emergencia en seguridad, que el nuevo pabellón construido el año pasado para 200 presidiarios no se había utilizado hasta ahora por falta de capacitación de nuevos guardiacárceles.

Por otra parte, se está pensando en la conveniencia de utilizar los más de 25 calabozos que se construyeron en el nuevo edificio del Poder Judicial en los tribunales de la avenida Sarmiento.

“Hay una sentencia de hábeas corpus que no se cumplió como correspondía o se cumplió mínimamente. Entendemos que en el medio cambió la organización de seguridad en el Poder Ejecutivo y que hay nuevos funcionarios, pero el Estado tiene continuidad. La Corte dictará un nuevo pronunciamiento y convocará a las autoridades para una audiencia con la intención de dar solución definitiva al problema de la emergencia penitenciaria”, Daniel Posse, presidente de la Corte.

Como se informó ayer, el viernes 24 de febrero, un equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia visitó el arresto y comprobó que había 33 personas y que las cloacas estaban colapsadas. En el expediente figura un acta donde el titular de la comisaría señaló que los funcionarios judiciales sólo les solicitaron un televisor para que pudieran observar los partidos durante el fin de semana.

“No sé de dónde surge. Me gustaría que me muestren los papeles. La Secretaría a cargo de Lourdes Bascary hace un trabajo impecable y semanalmente entrega a los vocales un informe sobre la situación de las comisarías. Esta tarea es muy seria y estamos satisfechos con ella”, destacó Posse.

Por su parte, el gobernador Juan Manzur se refirió al tema, ante una consulta periodística. “Estamos trabajando. Hay una serie de obras que se están llevando a cabo en diferentes lugares. Hay que redoblar todos los esfuerzos”, dijo. “Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance desde el Gobierno de la provincia para que todas estas personas que están alojadas por la Justicia en algunas de estas dependencias estén en las mejores condiciones posibles”.

“Hacen falta más lugares. Hay un anuncio del Gobierno nacional que tiene que ver con la nueva cárcel federal para Tucumán. Esto va a paliar en parte esta situación compleja que vive el sistema penitenciario”, concluyó.

Cifras

700: presos había en 2015, año en la que Corte dictó el habeas corpus que no se cumple.

770: personas están alojadas en las comisarías de toda la provincia.

200: detenidos es la cantidad de personas que pueden recibir todas las dependencias policiales.

1.100: reclusos están alojados en el penal de Villa Urquiza. Ya no recibe más detenidos.

Lo que dice la ley

Según la Constitución Nacional, “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”. Por otra parte, el artículo 14 del Código Procesal Penal de Tucumán establece: “está prohibido alojar a personas en lugares no habilitados o en sitios que no reúnan las mínimas condiciones de salubridad o seguridad, o que excedan su capacidad de alojamiento. Toda medida que so pretexto de precaución conduzca a mortificar a presos o detenidos hará responsables al juez que la autoriza o consienta y a los funcionarios que la ordenen, aplique o consientan”.

Preocupación de jefes policiales

“El problema es de público conocimiento. Estamos intentando que se abran más cupos en las cárceles y poder descongestionar las dependencias”, dijo Walter Álvarez, jefe de la Unidad Regional Capital. “Muchos de los reclusos tienen los trámites listos para ser trasladados, pero por una cuestión burocrática y de espacio no pueden”, añadió.

“El problema tiene muchas facetas; no es sólo la situación de los presos, sino también la cantidad de agentes que tienen que permanecer en las comisarías cuando deberían estar cuidando las calles”, explicó Carlos Castro, de la Norte.

El paso a paso de la crisis

1. En 2015, la Corte Suprema hace un lugar al hábeas corpus que presentaron los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni.

2. La Corte le ordena al PE que se resuelva el problema de los 700 detenidos alojados en las comisarías de la provincia.

3. En 2017, se inaugura el pabellón N° 10 en el penal de Villa Urquiza. Se creía que esa obra descomprimiría la situación.

4. El viernes pasado, el ministro de Seguridad confirmó en la Legislatura que hay 770 presos en las comisarías.

No se solucionó el problema aún

“Se han reubicado algunos detenidos, pero el calabozo de la seccional 11a sigue violando la capacidad máxima permitida”, explicó una alta fuente policial. Los 33 presos que había en ese lugar (está autorizado para alojar a ocho personas) decidieron amotinarse por la pésimas condiciones de encierro que venían soportando. Con el correr de los días, el número de arrestados bajó a 21 y actualmente estaría entre las 17 y 18 personas, según confió una uente policial.

Fuente: La Gaceta