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Manzur sobre la compra de armas: “es una decisión política firme”

El gobernador justificó la compra de armamentos, la decisión de convertir a vigías en policías y afianzar un protocolo para la fuerza.

El Poder Ejecutivo dice que está decidido a cambiarle la cara al área de seguridad. Y, en ese sentido, el gobernador Juan Manzur enfatizó ayer que su gestión tiene “una decisión política firme para dotar a la fuerza de las herramientas jurídicas y materiales necesarias” para la prevención y la lucha contra el delito en Tucumán. “Esa decisión no sólo es del oficialismo, sino también de otros sectores que acompañan las iniciativas que impulsamos. Porque este no es un tema particular de un sector, sino de la sociedad en su conjunto”, expresó el mandatario.

“Estamos enviando las leyes que son que van para fortalecer la seguridad en Tucumán”, acotó respecto del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la adquisición de armamentos y chalecos para la fuerza policial, con una inversión estimada en U$S 8,5 millones, a la decisión de convertir a los vigías en policías municipales y comunitarios y respecto del protocolo que regirá la forma de actuar de los efectivos policiales.

“Hay que destacar la voluntad y decisión política de avanzar para cuidar y proteger los tucumanos. Y hacemos todo lo que está a nuestro alcance dentro de la ley”, añadió el titular del Poder Ejecutivo.

Mediante el DNU, se establece la compra de 4.000 chalecos antibalas; 4.000 pistolas 9 milímetros; 100 escopetas; 50 fusiles de asalto y 20 lanzagranadas. El armamento, de origen israelí, estaría a disposición de la Provincia entre fines de febrero y mayo próximo, y será adquirido al proveedor Grupo Patagónico, según la norma.

El ministro de Seguridad, Claudio Maley, dijo que las medidas se enmarcan en un proceso de reforma estructural de la seguridad de la provincia, que prevé la modernización del armamento que usa la fuerza. “Las meta es lograr la integración de un sistema armamentístico uniforme y compatible para toda la Policía, partiendo desde la instrucción del agente hasta alcanzar a los grupos especiales que tiene la fuerza de seguridad local”, puntualizó Maley.

El ministro contestó algunos cuestionamientos formulados por especialistas acerca de la comparación de las armas de origen israelí respecto de otras que cuenta la Policía y que son de procedencia nacional. En tal sentido, enumeró:

• Las armas que se adquirirán tienen una composición polimérica que permite adaptar su empuñadura para el correcto uso tanto del personal masculino como femenino.

• Además, son armas altamente confiables, que pueden ser manipuladas en distintas condiciones climáticas.

• Son fabricadas en polímero macizo modificado de alto impacto, lo que ofrece un arma fuerte pero liviana, ideal para situaciones complejas. Las características de estas armas se condicen con los estándares tecnológicos del siglo 21.

Maley puntualizó que el sistema armamentístico que se comprará contará con un stock de repuestos en Tucumán. Por lo tanto, explicó, el mantenimiento será efectuado en territorio provincial. A su vez, el fabricante ofrece un número de serie de identificación especial para que sea utilizado sólo por la Policía de Tucumán y grabado en relieve el escudo provincial.

Respecto de la garantía, el ministro remarcó que será de tres años. “Fábricas locales se han visto obligadas a dar garantía de por vida, debido a la enorme cantidad de fallas y daños”, acotó. Recordó que la proveedora (“IWI”) también ha dotado de este armamento a fuerzas especiales federales como el GEOF y Albatros.

Frente a los cuestionamientos de los comercializadores de armas, el ministro de Seguridad se preguntó por qué el Estado no dotará a su personal de las mejores herramientas de trabajo. Ese argumento también ha sido expuesto a legisladores. “La mejor garantía es preservar la integridad de nuestro personal policial”, agregó.

Capacitación paulatina

Según el Ministerio de Seguridad, se trata de la primera adquisición que hará el Poder Ejecutivo dentro de un Plan de Equipamiento Global que, además, comprende el fortalecimiento del parque automotor y la actualización del Sistema 911, con una red de comunicación encriptada para toda la provincia.

En esa orientación, el propio Maley reconoció a nuestro diario que, para una segunda etapa (prevista para el primer semestre del año que viene), la Casa de Gobierno avance con la compra de armamento eléctrico y de gases pimienta, tal como está previsto en el plan.

El ministro también señaló que está previsto que el entrenamiento tanto de los policías provinciales como de los vigías municipales sea paulatino. En el caso del uso del nuevo armamento, personal especializado que proveerá las armas vendrá a la provincia a dictar cursos y capacitación. Maley indicó, además, que todo esto está incorporado al Marco Regulatorio del Uso Racional de la Fuerza y Armas para la Protección de la Ciudadanía y la Prevención del Delito.

En el caso de la conversión de los vigías a policías comunitarios, el proceso de capacitación puede demandar de 12 a 24 meses, de acuerdo con la estimación oficial. Eso será establecido una vez que la Legislatura apruebe el protocolo y éste sea reglamentado por el Poder Ejecutivo.

Paralelamente, la Provincia capacitará en 2019 a una dotación de 300 agentes de los cuales, la mitad será para reforzar el área vial, otros 50 para inteligencia criminal, la misma cantidad para bomberos (en Capital y en Concepción) y 50 para combatir el narcotráfico.

Fuente La Gaceta

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