Política

Si adelantan las elecciones habrá dificultades advierte el Presidente de la Corte

Dos días de diciembre, el 28 y el 29, transformaron las perspectivas del año judicial que oficialmente comienza mañana. Primero la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo abrió la puerta para que el Gobierno adelante los comicios mediante una declaración de inconstitucionalidad que no está firme ni completa. Al día siguiente falleció Antonio Gandur, que integraba la Corte Suprema de Justicia de Tucumán desde 1999. Ambos acontecimientos impactan en la composición de lugar que se había armado Daniel Posse, presidente del alto tribunal y, como tal, de la Junta Electoral. Y mientras prepara el desembarco del nuevo vocal y tocayo, el ex fiscal de Estado Daniel Leiva, mira de reojo la planificación electoral de la Casa de Gobierno, que por el momento consiste en un mar de versiones y conjeturas. Lo cierto es que la reflexión sobre el eventual adelantamiento de los comicios encuentra a la Junta de vacaciones. “Nosotros estamos listos para agosto. Seguramente habrá complicaciones si adelantan las elecciones”, advierte Posse.

Hay más definiciones de interés para quienes luchan por el poder político y, por añadidura, para los electores. Según su criterio, es inviable la pretensión opositora de poner en marcha el voto electrónico en este turno. Posse vaticina que con suerte podría haber una prueba en 2023, pero admite que las posibilidades de implementar las herramientas tecnológicas incorporadas a la Constitución en 2006 son remotas mientras exista el régimen de acoples, que alborota el cuarto oscuro desde entonces. Además, reitera la exhortación para restringir el clientelismo. “Es una deuda pendiente. Se trata de una práctica nociva que deteriora la elección libre y el sistema democrático”, apunta.

Sin corbata y todavía en modo “feria de verano”, el presidente de la Corte luce poco descansado y en alerta. Antes de entrar a su oficina para dialogar con LA GACETA, se detiene frente a la puerta del antedespacho y detecta una novedad: vidrios rotos. Otro tema más para resolver en la lista infinita de la gestión judicial, que bien podría incluir todos los conflictos que tramitan en los Tribunales provinciales. Más allá, casi al final del pasillo de esta ala del Palacio de Justicia, los muebles expuestos dan cuenta de la inminente mudanza de Leiva al despacho que ocupó Gandur hasta su muerte. Abundan los movimientos en una institución poco acostumbrada a los cambios y se advierten a simple vista.

-¿Cómo vive el comienzo de este año? Da la sensación de que no será para nada sencillo…

-Coincido. Parece difícil. Primero desde el punto de vista social porque la situación económica ya es mala y seguirá así: eso repercute en la conflictividad y en el delito. Y después tenemos, yo particularmente, el desafío de las elecciones y de la Junta Electoral, al margen de la implementación de la reforma procesal penal; la sanción, si es posible, del nuevo Código Procesal Civil; la cobertura de vacantes de jueces; la conclusión o iniciación de obras…

-¿Está lista la Junta Electoral para organizar comicios antes de la feria de invierno?

-La Junta está de vacaciones. Todo el personal salió de licencia, como sucede habitualmente. Esperaremos a los primeros días de febrero para reunirnos con los ministros públicos (EdmundoJiménez y (WashingtonNavarro Dávila a evaluar la situación. Para agosto estamos listos.

-¿Y para antes de agosto?

-Depende de la fecha que se fije. Nosotros vinimos pensando en agosto y seguramente habrá complicaciones si adelantan las elecciones.

-El año pasado usted dijo que por distintos motivos podían ser cuestionadas las tres autoridades de la Junta, y que, para fortalecer la confianza, había que convocar veedores nacionales y extranjeros para que observen los comicios. ¿En qué quedó esa idea inspirada en los conflictos de 2015?

-Sostengo esa postura. Por supuesto que la he comentado previamente con los otros miembros de la Junta, aunque todavía no hemos emitido una resolución al respecto. Y también sigue en pie la idea de que los fiscales estén en la calle para prevenir y detectar delitos electorales. Es algo que le pediré al Ministerio Público Fiscal (que conduce Jiménez).

-Algunos opositores hicieron planteos judiciales para que el voto electrónico sea aplicado en estos comicios, sobre todo después de que la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo abriese la posibilidad de anticipar las elecciones. ¿Es posible?

-Es imposible por los tiempos que manejamos.

-¿De qué depende?

-Tal vez podríamos hacer una prueba en las próximas elecciones (2023). Me refiero a un ensayo parcial. Depende de la voluntad política y de los plazos. Hay que hacer licitaciones y estudios que hoy no estamos en condiciones de afrontar.

-Más allá de cuestiones de organización y de preparación, ¿el régimen de acoples es compatible con una votación electrónica?

-Me parece una cuestión muy compleja. Las máquinas permiten todo, pero la verdad es que es más fácil con la boleta única. Imagino que para el votante sería muy difícil emitir el sufragio en estas condiciones. ¿Cómo armaría su voto con un número inmenso de candidatos?

-El oficialismo barajó la idea de que sólo la Corte pueda intervenir en pleitos electorales (hoy el alto tribunal actúa como órgano revisor de las decisiones que en esta materia dictan las tres salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo). ¿Qué opina de ese cambio?

-Soy de la idea de que no conviene tocar nada con los procesos electorales en marcha y este ya lo está, sea cual sea la fecha de la votación. Hacia el futuro, sí. En su momento la Corte hizo una interpretación jurisprudencial que le permitió derivar los casos a la Cámara en lo Contencioso Administrativo… Sí podríamos reasumir la competencia, pero para estas elecciones ya está todo dicho.

-En la sentencia “Acuerdo para el Bicentenario” que convalidó las elecciones de 2015, usted y sus pares exhortaron a implementar medidas para combatir el clientelismo (se informa por separado). Pasaron más de tres años y esas medidas no fueron adoptadas…

-El famoso diálogo político que quedó plasmado en un libro (publicado por el Gobierno de Juan Manzur) contiene reflexiones sobre este tema. La verdad es que es una deuda: hay que tomar medidas para limitar el clientelismo. Sólo de esta manera el ciudadano tiene la posibilidad real de votar en libertad. Se trata de una práctica nociva que deteriora la elección libre y el sistema democrático.

-El martes se cumplió un mes de la muerte del vocal Gandur. ¿Cómo sentó a la Corte el nombramiento de su sucesor, el ex fiscal de Estado Leiva?

-Espero, y se lo manifesté a él, que podamos trabajar en forma armónica y en conjunto. Aspiro a que generemos mejoras para el Poder Judicial, tanto las que él proponga como las que nosotros hemos planteado. Queremos que Leiva sea parte del equipo. Me han dicho que es un hombre muy trabajador y ejecutivo; que mide los objetivos y que avanza en función de los resultados. Anhelo que pueda desplegar esa actividad en la Corte.

-En los últimos años usted y sus pares han luchado para que Manzur designe jueces a partir de las ternas de candidatos escogidos por concurso, y cubra las numerosas vacantes de la Justicia de Paz acumuladas desde 2013. ¿Cómo recibió el hecho de que el gobernador haya nombrado a Leiva en la feria y tres semanas después del deceso de Gandur?

-Así como el gobernador tomó rápidamente la decisión respecto del vocal de la Corte puede hacer lo mismo con los otros cargos judiciales. Ya demostró que puede ser rápido, más allá de que la ley no le fije plazos para ejercer esa facultad.

-La oposición cuestionó a Leiva por su pertenencia al Poder Ejecutivo y su alineación con el oficialismo. Usted también llegó a la Corte después de haber desempeñado distintos cargos en el Gobierno de José Alperovich. ¿Qué le genera esta sospecha de afectación de la independencia?

-Este tipo de situación se da a menudo en las cortes provinciales e incluso si uno mira la Corte nacional encontrará que todos tienen algún grado de proximidad con los partidos. Más allá de las funciones desempeñadas en el pasado, uno se sienta aquí y es juez. Se puede ser mejor o peor en función de la libertad con la que se actúe. Pero en este cuerpo colegiado damos la razón al Gobierno cuando la tiene y cuando no la tiene, no se la damos.

-El presidente del Colegio de Abogados, Marcelo Billone, propuso a título personal que el Gobierno se autolimite e implemente un mecanismo de participación ciudadana para la cobertura de vacantes en la Corte como hizo el ex presidente Néstor Kirchner en 2003. ¿Está de acuerdo?

-Habrá que ver cómo terminó esa Corte. No estoy seguro de que ningún decreto mejore o garantice la conducta posterior de un juez. Sí estoy seguro de que si uno se maneja con honestidad y tiene convicciones, la cosa funciona.

-A Leiva también lo criticaron por el promedio de 3,7 y los aplazos que recibió en la carrera de Abogacía. ¿Ese desempeño universitario perjudica la imagen de la Justicia?

-La Facultad de Derecho acredita la idoneidad con prescindencia del comportamiento académico. Hasta el día de la fecha sólo hace falta tener el título profesional y cumplir los demás recaudos constitucionales.

-Leiva será el primer vocal de la Corte de Tucumán que pagará el impuesto a las ganancias…

-Así dice la norma, ¿no? Yo, que era el integrante más nuevo de la composición anterior, estoy exento hasta el día de hoy. Leiva sería el primero. No conozco en detalle la reforma, pero sé que hay jueces que están pagando ganancias, lo cual es injusto, por otro lado. Deberíamos pagar ganancias todos o ninguno.

-¿Cómo fue volver a la Corte y que ya no esté Gandur, que llevaba dos décadas aquí?

-Es la vida. Fue duro. Falta alguien que siempre estaba, sobre todo durante las tardes. En ese momento nos encontrábamos los dos aquí, cada uno en su despacho. Si bien a veces no nos cruzábamos, yo sabía que él estaba cerca y eso siempre genera la sensación de compañía. Es una macana que ya no esté.

Fuente La Gaceta

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