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El Gobierno presentó su proyecto para bajar la edad de imputabilidad

Mientras se desarrollaba una ruidosa protesta en las puertas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, arriba, en el piso once, la ministra Patricia Bullrich junto con el ministro Germán Garavano y decenas de legisladores, asesores y juristas reconocidos como Ricardo Gil Lavedra, entre otros, presentaron el anteproyecto de ley de un nuevo régimen penal juvenil.

Uno de los puntos centrales del proyecto busca establecer la edad de 15 años para la imputabilidad en los casos de delitos con penas superiores a 15 años de prisión. Para ello, el Gobierno tomó una “postura intermedia” respecto de diferentes proyectos previos, que habían presentado Sergio Massa, Elisa Carrió y Victoria Donda. En la presentación, los funcionarios destacaron que se coloca a las víctimas de los delitos “en un lugar importante“, permitiéndoles participar en la resolución del conflicto.

El proyecto, según el Gobierno, intenta dar una respuesta a lo que definen como una “asignatura pendiente en democracia“. El actual régimen penal, que data de la época de la Dictadura, no respeta la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. En los últimos veinte años, hubo 95 proyectos frustrados para establecer un nuevo cuerpo normativo referido a los delitos cometidos por adolescentes y niños.

Según los impulsores, hoy los menores que cometen delitos quedan en un “limbo legal” y en “condiciones de precariedad“. Hay casos de niños inimputables que se encuentran privados de su libertad. Para la ministra Bullrich, este nuevo régimen busca que haya “menos delincuentes y no más presos“.

Según afirman desde el Gobierno, la intención es impedir que los niños hagan una carrera delictiva. “No sólo se trata de la imputabilidad: es lograr una transformación para que el Estado de una respuesta en estos casos“, indicó la ministra en conferencia de prensa.

El proyecto es producto de tres años de trabajo gestionados por el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benítez, supervisado por el ministro Garavano y con la participación del espacio Justicia 2020. Ricardo Gil Lavedra, coordinador de este espacio, informó que, entre otras cuestiones, en los tres años se hizo un estudio empírico de casos.

De ese relevamiento surge que, de 6.400 menores que han cometido delitos, 1.200 se encuentran actualmente privados de su libertad. Para tratar la problemática el proyecto oficial dispone la creación de 280 equipos y el trabajo de 800 profesionales para atender cada caso. El costo total a nivel país le demandaría al Estado entre 15 y 20 millones de dólares. Mientras que el período de implementación tomará 7 años.

Según Garavano, este nuevo régimen prevé una “mecánica razonable de implementación” y un doble abordaje: “proteger a los jóvenes sin descuidar a la víctima“. “Lograr menos homicidios, al interpretar las señales previas para evitar la naturalización del crimen“, agregó Bullrich en referencia a lo que buscan con el nuevo régimen.

Consultada sobre la conveniencia de presentar la reforma en un año electoral, la ministra argumentó que, si se piensa de esa forma, el Congreso quedaría limitado “a trabajar año por medio“. “Es un proyecto inteligente y sanador“, recalcó Bullrich.

FUENTE: Clarín

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