Policiales

Por una mala actuación policial anulan un fallo y benefician a narcos

José Antonio “Pico” Peralta fue dejado libre

Por la mala actuación policial, la Cámara de Casación Penal decidió declarar nulo un juicio en el que se condenó a dos personas y en el que estaban involucrados José Antonio “Pico” y Luis Marcelo “Oreja” Peralta, los supuestos líderes del clan Los 30, sospechados de dedicarse al narcomenudeo en el sur de la ciudad.

En mayo de 2014, personal del servicio 911 allanó un domicilio en barrio sur para tratar de esclarecer un robo. Allí se encontraron con dos hombres que estaban estirando drogas para comercializarlas. Para los investigadores, se trataba de un quiosco que, según dijeron en la Justicia, era de “Pico” y de su hermano, identificado como “Oreja”.

“Pico” se mantuvo prófugo hasta que fue detenido el 8 de agosto de 2016 por una causa de robo. Después de varios días, se le informó a la Justicia Federal que había sido arrestado.

Un mes después se escapó de la comisaría de Delfín Gallo donde había sido trasladado sin que el juez federal Fernando Poviña lo ordenara. El sospechoso se presentó tres días después asegurando que él había recibido un permiso de sus custodios para ausentarse del lugar y que no fue liberado por un golpe comando, como informaron los agentes de la dependencia policial.

Poviña, a las pocas semanas, dictó el procesamiento a Peralta por tenencia y comercialización de estupefacientes. También rechazó al menos tres veces pedidos para que fuera trasladado al penal federal de Santiago del Estero.

Por este caso, en noviembre de 2017, fueron condenados a más de cuatro años de prisión Emanuel Roberto Romero y Alberto Campos Córdoba. Estos, según la investigación, eran empleados de los hermanos Peralta. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por los jueces Ricardo SanjuánMarina Cossio y Ernesto Wayar, le revocó el procesamiento por falta de mérito y ordenó su libertad, aunque ordenó que siga siendo investigado. También pidieron se le diera libertad, trámite que se cumplimentó a los pocos días.

El fallo

Cergio Morfil, defensor de los imputados, apeló el fallo del Tribunal. Como lo hizo en la audiencia, señaló que las actas policiales habían sido falseadas. En su planteo, que fue casi el mismo que realizó ante la Cámara, indicó que el allanamiento se había autorizado por la Justicia ordinaria, por el robo de un celular.

La Justicia Federal, que debería haber actuado por el hallazgo de la sustancia, fue notificada una hora después de que se concretara el secuestro.

Indicó además que los acusados fueron llevados al lugar donde supuestamente funcionaba el quiosco luego de que se realizara el operativo. Presentó el testimonio de varias personas que ratificaron sus dichos. En la audiencia varias personas dijeron que a uno lo llevaron desde su casa, y al otro lo encontraron mientras caminaba por la zona.

Además, en el acta policial, figura la detención de una tercera persona de apellido Véliz, pero que fue dejada en libertad sin razón alguna. Tampoco habían informado sobre su detención.

Morfil señaló además que se había comprobado que los sospechosos habían sido golpeados por los uniformados, versión que fue confirmada por la autoridad judicial competente que ordenó una investigación por los apremios ilegales que habían sufrido los imputados.

Los jueces, Diego Barroetaveña (actuó como presidente), Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa, analizaron la causa y le dieron razón al defensor. Ordenaron entonces declarar la nulidad del fallo y que un nuevo tribunal realice otro juicio en contra de los imputados.

Sin embargo, en ese debate no podrán utilizar todas las pruebas que sirvieron para condenar a los acusados, por lo que todos los que fueron imputados van camino a la absolución.

Fuente La Gaceta


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