Política

Manzur acumula ya 12 ternas para cubrir los cargos vacantes en la Justicia

El Gobierno de Juan Manzur cubrió vacantes en los Tribunales ordinarios por última vez en octubre de 2018. El Poder Ejecutivo se abstuvo de designar jueces, fiscales y defensores oficiales en lo que va del año. Esta sequía de nombramientos tiene como correlato el aumento de ternas pendientes de definición.

El gobernador acumula 12 tercetos elaborados por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) a partir de concursos públicos de antecedentes y de oposición (ver lista por separado). La escasez de nombramientos es más dramática en la Justicia de Paz, donde la última cobertura acaeció en 2013 y un tercio de las oficinas carece de titular. Y la sequía recién cesará después de las elecciones, según prometió el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado (ver por separado).

La ley no dispone de plazos para que el Poder Ejecutivo ejerza la obligación de escoger a uno de los tres integrantes de las propuestas que confecciona el CAM y de mandar el nombre a la Legislatura, a los fines de que controle y apruebe la selección. Técnicamente el mandatario dispone de la posibilidad de diferir en forma indefinida la decisión sin que ello acarree consecuencias. Ese vacío legal empezó a generar roces a partir de que Manzur asumió la conducción de la Casa de Gobierno. La proliferación de acefalías llevó al Colegio de Abogados de la Capital a iniciar un juicio ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para que el nombramiento de magistrados ocurra en un plazo razonable, pleito que comenzó en octubre de 2017 y aún no tiene sentencia. Ese año y con el argumento de que urgía solucionar el problema de la falta de jueces, el oficialismo habilitó la posibilidad de nombrar subrogantes externos con plazo de caducidad -sin estabilidad- y a partir de nóminas proporcionadas por el CAM.

Aunque en 2018 mejoró el ritmo de coberturas de vacantes en la Justicia ordinaria, el Gobierno frenó todo tras las designaciones de Carolina Ballesteros como jueza de Instrucción en lo Penal N°5 de esta capital, y de Fabián Rojas y de Guillermo Acosta como vocales de la Cámara Penal de Concepción: todos ellos juraron en sus respectivos cargos el 8 de febrero. Estas decisiones no paliaron el problema de las vacancias puesto que Ballesteros, Rojas y Acosta dejaron respectivamente acéfalas una defensoría, una fiscalía y un juzgado en los Tribunales concepcionenses. Sucede que en Tucumán nada impide al Poder Ejecutivo elegir a los jueces en funciones y que la mayoría de estos mantiene sus postulaciones. Esa situación puede ser advertida en las ternas irresueltas que integran cuatro candidatos nombrados por esta gestión: los jueces Facundo Maggio y Roberto Flores, y los fiscales Pedro Gallo (h) y Eugenia Posse. A ellos se suma María Fernanda Bähler, a quien el ex gobernador José Alperovich designó fiscala correccional en Concepción.

El fenómeno de la repetición de ternados llevó este año al Poder Ejecutivo a devolver las dos propuestas para cubrir fiscalías penales de la capital que había recibido en junio de 2017, alternativa no prevista en la Constitución ni en la normativa específica. Esta decisión inédita fue rechazada por el CAM, que a su vez volvió a remitir los tercetos a Manzur.

Más allá de los casos especiales del par de fiscalías capitalinas, la docena de propuestas que acumula el Gobierno incluye dos cargos atinentes a la reforma procesal penal en marcha en Concepción desde hace una semana. La aplicación del Código sancionado en 2016 arrancó con un sólo defensor oficial penal, Pablo Cannata. Esta coyuntura dio lugar a la incorporación en forma discrecional de funcionarios auxiliares con facultades para acusar y defender. Dichas designaciones de los ministros públicos Edmundo Jiménez y Washington Navarrono trascendieron oficialmente. Ninguna de sus resoluciones están puestas en los portales digitales. Si bien este mes la Corte dio el visto bueno a los auxiliares, el Colegio de Abogados ratificó que litigará para que el Estado observe el esquema de los concursos y se abstenga de delegar funciones, tal y como está previsto en la Constitución (se informa por separado). En el presente, el Consejo Asesor de la Magistratura sustancia 48 procesos de preselección de jueces.

Fuente La Gaceta


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