El proyecto para la creación del Instituto del Limón queda en suspenso

Ante la falta de acuerdo entre los productores, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo (PE) para crear el Instituto para el Crecimiento y Fomento del Limón (IFL) tendrá que esperar. El vicegobernador Miguel Acevedo resolvió que la iniciativa que también declara de interés público a la producción sustentable de limón y sus derivados finalmente quede fuera del temario de la próxima sesión legislativa.

El proyecto tiene como objetivo establecer un marco normativo que mejore la situación actual de la actividad limonera sin afectar la libre competencia, fortaleciendo la cadena citrícola y manteniendo al sector limonero local como líder internacional. La necesidad de esta iniciativa se hace evidente ante la caída en facturación del sector, la disminución de la superficie plantada con limoneros, y el aumento de las hectáreas abandonadas, lo que ha llevado a la pérdida de puestos de trabajo y al riesgo de perder liderazgo internacional.

Para abordar estos desafíos, se han sugerido proyectos junto a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres para la instalación de una planta que permitirá obtener diversos derivados del limón, buscando soluciones a los excedentes actuales.

El palacio espejado de Muñecas 951 fue ayer la caja de resonancia donde retumbaron las diferentes posturas sobre el tema. Las autoridades recibieron a productores integrantes de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa) y la Federación Argentina de Citrus para escuchar las voces de los protagonistas, luego de la controversia que se desató entre los que están de acuerdo con la intervención del Estado y quienes no. Se supo también que, previamente, el ministro de Economía, Daniel Abad, se reunió con Acevedo y algunos parlamentarios para dialogar sobre la iniciativa que fue pedida en Casa de Gobierno por un sector.

“Ojalá podamos llegar a un acuerdo para sancionar la mejor ley posible en virtud de que estamos hablando de una de las principales actividades de la provincia”, expresó el vicegobernador. Resaltó también que se dio pluralidad a la reunión a fin de tomar una decisión que sea la mejor posible para todos. Fue por eso que no sólo estuvieron los presidentes de las comisiones involucradas, Carlos Gallia (Hacienda y Presupuesto) Leopoldo Rodríguez (Economía y Producción), sino también los jefes de las distintas bancadas políticas.

El presidente del bloque Justicialista, Roque Tobías Álvarez, remarcó que el limón genera unos 50.000 puestos de trabajo y que los poderes Ejecutivo y Legislativo deben cuidar las fuentes laborales para evitar problemas sociales. El legislador Gerónimo Vargas Aignasse, en tanto, pidió apertura y prudencia para abordar la crisis. “Antes de debatir el proyecto es menester escuchar a todos los actores de esta actividad”, dijo. Y añadió: “claramente hay una crisis mundial por sobre inversiones en limonicultura que afecta notablemente el negocio de fruta fresca y derivados industriales que debe ser abordada con una política pública debidamente consensuada y que no sea un traje a medida de algún sector minoritario”.

El legislador Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) coincidió con que la crisis del sector es por superproducción. Advirtió que al ser una problemática internacional una ley provincial seguramente no la vaya a modificar, pero entendió que la preocupación del Ejecutivo son las 50.000 fuentes de trabajo. Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), por su parte, mantuvo su postura en contra de una posible regulación por parte del Estado. “Es generar mayores costos, es absurdo. Están tratando de regular la competencia y eso no se regula”, dijo.

Abad, en tanto, explicó que el proyecto que firmó junto al gobernador Osvaldo Jaldo fue solicitado por Acnoa. “Nos pidieron una herramienta que trate de articular con el sector citrícola un problema de superproducción que viene acarreando desde el 2017”, dijo.

“Acompañamos al sector privado, no nos metemos en el área, los que tienen convenios que ganen dinero. No se trata de una intervención por parte del Estado, sino de una herramienta con la que se pueda ordenar al sector para encausarlo, nuevamente, en un camino de crecimiento y rentabilidad y no de sometimiento de los fuertes sobre los débiles”, dijo Abad.