La decisión fue adoptada por el Comité de Expertos designado para revisar los casos sospechados, luego de que un informe técnico detectara “un incremento estadísticamente anómalo del número de postulantes con calificaciones superiores a 85”, con un aumento del 33,6% respecto de convocatorias anteriores.

Según ese documento, se cuadruplicaron los puntajes superiores a 90 sobre 100, en especial entre aspirantes provenientes de universidades que históricamente no mostraban desempeños destacados.

Frente a esa anomalía, y con el objetivo de preservar la equidad del proceso, el Gobierno resolvió implementar una revisión caso por caso. Para ello, se evaluó la consistencia entre el puntaje obtenido en el examen, el promedio de carrera y la reputación institucional de la universidad de origen.

En aquellos casos con alta congruencia académica, se ofreció una instancia de evaluación oral. En cambio, quienes no alcanzaron ese estándar o no optaron por esa opción, deberán rendir el nuevo examen escrito.

Tal como se estableció en la resolución publicada esta semana en el Boletín Oficial, la evaluación constará de 100 preguntas de opción múltiple, con una escala de un punto por respuesta correcta. Se permitirá un desvío de hasta el 10% respecto de la nota original, pero si el resultado está por debajo de ese margen, se asignará la nueva calificación obtenida.

La Facultad de Medicina de la UBA, sobre la Plaza Houssay. (Foto: UBA)

En ningún caso podrá superarse el puntaje logrado el 1 de julio. Además, quienes no se presenten a la instancia correspondiente quedarán automáticamente excluidos del orden de mérito.

La medida fue dispuesta en medio de un fuerte cruce entre Nación y las autoridades sanitarias de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, que decidieron no acompañar la propuesta del Ministerio para revalidar los exámenes sospechados.

“La CABA y PBA no compartieron nuestra decisión de considerar variables objetivas como los antecedentes institucionales de las universidades y su reconocimiento internacional”, reiteraron desde el Gobierno nacional, que remarcó que el operativo del 7 de agosto será conducido exclusivamente a nivel federal.

El Concurso Único de residencias médicas abarca tanto hospitales nacionales como instituciones dependientes de otras jurisdicciones, lo que generó tensiones en el manejo del proceso de revisión. Pese a ello, desde la cartera de Lugones insisten en que “es imprescindible fijar una nueva fecha para la realización del examen tendiente a despejar dudas sobre los resultados y resguardar el principio de igualdad de condiciones”.

El escándalo tomó mayor relevancia luego de que un video que comenzó a circular en redes mostrara el mecanismo que habrían usado para copiarse algunos de los postulantes. Según puede verse, un alumno de nacionalidad ecuatoriana habría usado anteojos inteligentes Ray-Ban Meta, que cuentan con una cámara incorporada, para filmar el examen completo mientras lo rendía y transmitir el contenido a personas que lo ayudaban desde afuera.

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