Amnistía Internacional denunció un "notable aumento de barreras en el acceso" a la interrupción del embarazo, al cumplirse cuatro años de la sanción de la ley por la cual los feminismos reclamaron de forma incansable. 

En ese sentido, la organización habilitó tiempo atrás un formulario de denuncias en los impedimentos para la IVE y, tras analizar los resultados, alertó que la cantidad de consultas que recibió en torno a los obstáculos en el acceso al aborto aumentó un 215% en comparación con el 2023.

El informe se da en un contexto político en el que desde el oficialismo promueven la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y, esencialmente, en el marco de los recortes en salud y en políticas de género, hay un pronunciado ajuste en insumos médicos para llevar adelante la práctica, pero no solo eso, sino que también hay instituciones médicas en las que buscan el impedimento del aborto legal. 

"El incremento en las denuncias por barreras en el acceso al aborto evidencia que no se trata de casos aislados, sino una tendencia preocupante que refleja el impacto negativo ante el desfinanciamiento de la política pública y la paralización de la compra de insumos esenciales que pone en riesgo la salud de niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar en todo el país", expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

"Esto ocurre -advirtió la organización en un comunicado- en un contexto en el que el presidente ha calificado la interrupción del embarazo como parte de una 'agenda sangrienta del aborto' y un 'asesinato agravado por el vínculo'. Estas declaraciones no solo desconocen el marco normativo vigente, sino que desinforman a la población y fomentan el estigma en torno al acceso al aborto. Esto puede generar intimidación y temor tanto en las mujeres y personas con capacidad de gestar, como en los profesionales de la salud que, en cumplimiento de sus obligaciones legales, garantizan esta práctica". 

Al finalizar el informe, la organización señaló que a años de la sanción de la ley "los avances en salud pública son innegables: entre 2021 y octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a abortos seguros en el sistema público de salud, logrando una reducción del 53 % en las muertes por aborto entre 2020 y 2022".

No obstante, indicaron que casos como los que recibieron en los formularios "exponen retrocesos preocupantes que deben ser atendidos con urgencia para garantizar en forma igualitaria los servicios de salud sexual y reproductiva que el Estado nacional está obligado a garantizar a través de diferentes leyes nacionales y tratados internacionales para proteger la salud y los derechos reproductivos de todas las personas en Argentina".

/infonews