A partir de 2025 tomarán examen a quienes ingresen a la Administración Pública
Desde marzo de 2025, quienes aspiren a trabajar en el Estado deberán aprobar un examen obligatorio de idoneidad.
A partir del 1° de marzo de 2025, el acceso a la administración pública estará sujeto a un cambio fundamental: será obligatorio aprobar un examen de idoneidad. La medida fue confirmada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y publicada en el decreto 1149/24 firmado por el presidente Javier Milei.
El nuevo sistema no solo abarcará a los aspirantes a puestos en la administración pública, sino también a empleados de empresas con mayoría estatal.
Exámenes obligatorios para trabajadores estatales: ¿de qué se trata la medida?
- El examen de idoneidad es una herramienta diseñada con el objetivo de evaluar las competencias y habilidades de quienes aspiren a formar parte del sector público.
- El mecanismo ya había sido aplicado previamente a los empleados en funciones, pero su alcance se amplía para incluir a futuros ingresantes y a trabajadores de empresas estatales.
Según Sturzenegger, la medida forma parte de una estrategia más amplia para transformar el Estado, priorizando el mérito y la capacidad en el acceso a los cargos. “No habrá nuevas incorporaciones sin pasar por este sistema de evaluación”, señaló en una publicación reciente en redes sociales.
Nuevas contrataciones en el estado pero con al menos tres bajas previas
Además del decreto 1149/24, se suma el decreto 1148/24, que introduce una nueva regulación: cualquier nueva contratación en el sector público deberá estar precedida por al menos tres bajas verificadas en la misma área. Esta disposición busca reducir la cantidad de empleados en el sector público y optimizar la distribución de recursos.
Sturzenegger destacó que este enfoque busca no solo garantizar la idoneidad de los empleados públicos, sino también disminuir el gasto estatal, uno de los ejes centrales de la administración de La Libertad Avanza.
La medida no se limita a la administración pública central. Las empresas con participación mayoritaria del Estado también estarán sujetas a este esquema de exámenes. Esto incluye compañías de sectores clave como energía, transporte y servicios públicos.