El trágico fallecimiento de Joaquín Ignacio Serra, un joven de 22 años que se encontraba utilizando el servicio Uber Moto en la ciudad de Santa Fe, ha reavivado el debate en torno a las regulaciones que rigen el uso de aplicaciones de movilidad en Argentina. Este incidente, ocurrido el 13 de julio, no solo ha conmocionado a la comunidad local, sino que también ha puesto de manifiesto las tensiones existentes entre la legalidad de estos servicios y la realidad cotidiana de su uso. 

Joaquín solicitó un viaje a través de la plataforma de Uber, optando por la opción de moto, que se presenta como la alternativa más económica disponible en la aplicación. Sin embargo, lo que debía ser un traslado rutinario se convirtió en una tragedia. En un giro fatídico, el motociclista que lo transportaba, Pablo B., de 36 años, chocó con una camioneta al llegar a la intersección de las calles Lamadrid y Castelli, en el barrio Piquete Las Flores. El impacto resultó en la muerte instantánea del joven, mientras que Pablo B. sufrió un grave traumatismo de cráneo y fue trasladado de urgencia al Hospital Cullen. 

El conductor de la camioneta, César O., de 40 años, también resultó herido, aunque posteriormente fue dado de alta tras recibir atención por politraumatismos. La Fiscalía ha iniciado una investigación en la que ambos conductores han sido imputados. 

Los resultados de los análisis toxicológicos realizados tras el accidente revelaron que ambos tenían en su organismo cocaína, además de que Pablo B. también dio positivo en el test de alcoholemia. En consecuencia, la justicia ha calificado a Pablo B. como coautor de homicidio culposo agravado, y a César O. en la misma categoría, además de enfrentar cargos por las lesiones graves infligidas a su contraparte. 

Este lamentable suceso ha reavivado el debate sobre la legalidad y regulación de servicios de movilidad como Uber. La situación en Santa Fe no es única, ya que en Tucumán se enfrenta a desafíos similares. La normativa que regula el uso de estas aplicaciones busca establecer un marco legal que garantice la seguridad de los pasajeros, pero la realidad muestra que, a menudo, los servicios operan al margen de estas regulaciones, planteando así una serie de interrogantes sobre la efectividad de las mismas y la necesidad de una revisión más profunda de las políticas públicas en esta área.