El Gobierno nacional intensificó las medidas de seguridad en la Triple Frontera luego de que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) advirtiera sobre el ingreso no registrado de un funcionario iraní al país. La preocupación crece tras la reciente visita de Shahram Dabiri, exvicepresidente de Irán, quien en marzo había ingresado con visa de turista ocultando su rol oficial y declarándose como médico.

Desde el Ejecutivo remarcan que el nuevo caso es aún más grave, ya que no existe ningún tipo de documentación formal que registre su ingreso. Esta situación encendió las alarmas en la Casa Rosada, que considera la zona como una de las más desprotegidas en términos de control migratorio.

El secretario de Inteligencia Sergio Neiffert junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (Fuente: REUTERS/Mariana Nedelcu).

Ante este panorama, se puso en marcha una reestructuración del sistema de seguridad en el norte argentino. Se están reforzando los controles en los pasos fronterizos, y se proyecta la instalación de una base conjunta en Puerto Iguazú, que funcionará en coordinación con Brasil, Paraguay y el FBI. Además, más de 300 agentes federales fueron enviados a Bernardo de Yrigoyen y serán redistribuidos progresivamente a otros puntos estratégicos.

El Ejecutivo apunta contra la gestión anterior de inteligencia, a la que acusa de haber desmantelado el sistema de fuentes y agentes desplegado en la región durante gobiernos previos. “Nos encontramos con un esquema completamente desarmado”, afirmaron desde el oficialismo.

En paralelo, se desplegaron fuerzas militares a lo largo de las fronteras en el marco del acuerdo de cooperación firmado en febrero con Paraguay, orientado a combatir el crimen organizado y reforzar la vigilancia territorial. También se creó el Comando Unificado Guacurarí, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, con el objetivo de coordinar tareas federales y provinciales frente a amenazas externas.

Otro foco de atención es la frontera con Bolivia, donde el Gobierno argentino detectó la conformación de sociedades comerciales presuntamente vinculadas a redes de inteligencia iraníes. A esto se suma el creciente vínculo político y estratégico entre La Paz y Teherán.

La preocupación por la injerencia iraní fue expresada recientemente por Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA, durante el acto por el aniversario 31 del atentado a la mutual judía. “Nos alarma la expansión de Irán en América Latina, y la falta de respuesta seria de los gobiernos de la región”, declaró, recordando también el episodio del avión venezolano-iraní en 2022 y el reciente pacto militar entre Irán y Bolivia.