Amnistía Internacional ha presentado un informe que examina los retrocesos en materia de derechos humanos en Argentina durante el primer año de la administración de Javier Milei. El documento señala una "drástica reducción" en el presupuesto destinado a garantizar derechos básicos, lo que ha derivado en un deterioro de las políticas públicas en áreas fundamentales como la niñez, adolescencia y género. 

En su análisis, la organización incluye un capítulo titulado "12 meses de gestión, 12 derechos perdidos", donde se evidencia un incremento en las "narrativas violentas", así como una disminución en los espacios de participación ciudadana. También se menciona la represión de voces disidentes, en un contexto que recuerda fenómenos globales como el "Efecto Trump", relacionado con el ascenso de líderes autoritarios y la erosión de libertades fundamentales.

Persecución a la disidencia y violencia de género

El informe destaca un aumento en la persecución y confrontación violenta hacia quienes expresan disidencia. Amnistía Internacional subraya que "el miedo, las noticias falsas y la desinformación se han convertido en estrategias poderosas de adoctrinamiento y censura". En el ámbito de la violencia de género, la situación de los feminicidios se presenta como alarmante, con una tasa de uno cada 33 horas en 2024, a pesar de la reducción de servicios esenciales para la atención de víctimas.

  Por ejemplo, se reporta una reducción del 42% en el personal de la línea 144, que asiste a víctimas de violencia de género, y un descenso del 98,63% en el alcance del programa Acompañar, comparado con 2023. Esta disminución en recursos críticos plantea serias dudas sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de las mujeres.

Violencia digital y derechos humanos

El informe también destaca el aumento de la violencia digital, señalando que el 63,5% de las periodistas ha sufrido violencia en línea. Además, el 85,6% ha denunciado acosos y el 45,9% ha sido víctima de amenazas o acoso sexual. Por otro lado, las medidas de "vigilancia masiva" implementadas por el Ministerio de Seguridad, como el monitoreo de redes sociales y el uso de reconocimiento facial, generan preocupación sobre la protección de la privacidad y los derechos ciudadanos.

El informe de Amnistía Internacional también denuncia un aumento en la represión durante protestas, cuestionando el cierre de la Unidad de Investigación de niños desaparecidos de la dictadura. En el ámbito económico, los recortes presupuestarios han afectado desproporcionadamente a niños y adultos mayores, acentuando la desigualdad. Se señala que las exenciones fiscales a grandes empresas se priorizan, mientras se limitan aumentos en las jubilaciones, lo que pone en entredicho la equidad en la distribución de recursos en el país.