El Gobierno nacional dispuso avanzar sobre el régimen de compras y contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de la filtración de audios del ex titular Diego Spagnuolo, en los que se denuncian presuntas irregularidades y cobros indebidos en contrataciones del organismo. La medida, anunciada por fuentes oficiales, aparece como la primera respuesta institucional ante los recientes avances de la investigación judicial que indaga el vínculo entre la agencia y la droguería Suizo Argentina.

Creada por decreto en 2017 con estatus de autarquía económico‑financiera y personería jurídica propia, la ANDIS contaba hasta ahora con la facultad de conducir sus procesos de adquisición sin depender jerárquicamente de un ministerio. Ese régimen, que permitió la implementación de un régimen de contrataciones propio, es el objetivo directo del cambio: la Casa Rosada proyecta quitar la autarquía financiera y someter las compras de la agencia al sistema centralizado Compr.ar, administrado por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC).

La intención oficial es que las adquisiciones pasen a la órbita de la administración central —es decir, que el Ministerio de Salud tenga injerencia y que la ANDIS deje de ejecutar los procedimientos de manera autónoma—, obligando así al organismo a utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones que emplean ministerios, secretarías y otras dependencias del Estado.