En una decisión que marca un giro en la política exterior y de seguridad de la Argentina, el Gobierno declaró al denominado “Cártel de los Soles” como organización terrorista y narcocriminal, e incorporó a ese grupo al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida fue anunciada por la mañana tras coordinar acciones entre los Ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad y Justicia, y se inscribe en los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de prevención y combate del terrorismo.

El Ejecutivo informó que la decisión responde a documentación que atribuye al Cártel de los Soles actividades ilícitas de alcance transnacional: narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, entre otras. Esos informes, a los que accedieron medios locales, consignan además vínculos con otras estructuras criminales en la región, lo que, según la evaluación oficial, agrava la amenaza que representa la organización.

La resolución llega en un contexto internacional de presión sobre ese grupo: Estados Unidos, Ecuador y Paraguay, así como la administración del expresidente Donald Trump a través del Departamento del Tesoro, habían adoptado medidas similares contra actores vinculados al Cártel de los Soles. El Gobierno argentino enmarca su decisión tanto en la normativa doméstica vigente como en la intención de robustecer la protección del sistema financiero nacional frente a su posible utilización con fines ilícitos.

Desde la cartera de Seguridad, su titular sostuvo en redes sociales que la declaración busca dejar claro que los responsables “son narcoterroristas” y que no podrán efectuar sus actividades criminales en el país ni a través del sistema financiero argentino. La inclusión en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de maniobra del grupo, además de reforzar los mecanismos de prevención y la persecución de operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado.

Según el comunicado oficial, la medida también prevé un incremento de la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, con coordinación más estrecha con socios regionales y multilaterales. Desde el Gobierno se subrayó que la resolución se adopta dentro del marco del derecho internacional y de los instrumentos multilaterales aplicables, y que busca contribuir a la estabilidad y la seguridad hemisférica.

La declaración tiene implicancias prácticas y simbólicas: en lo práctico, abre la puerta a instrumentar bloqueos de activos, restricciones a transacciones y medidas de inteligencia financiera; en lo simbólico, proyecta una línea dura del Ejecutivo argentino frente a estructuras que combinan poder político y negocios ilícitos en la región. Quedan por verse los pasos administrativos y judiciales que demandará la implementación efectiva de las sanciones, así como las respuestas diplomáticas que el episodio pueda provocar en las relaciones con Venezuela y otros actores regionales.

En el terreno doméstico, la medida podría tener efectos sobre controles bancarios, diligenciamiento de reportes de operaciones sospechosas y requisitos de debida diligencia para operadores financieros y comerciales. En el plano internacional, promete intensificar la cooperación judicial y de inteligencia con jurisdicciones que ya actuaron contra el Cártel de los Soles, aunque también plantea desafíos en materia de diplomacia y de manejo de la información probatoria que sustenta la calificación de terrorismo.

Mientras el Gobierno sostiene que actúa conforme a compromisos y normas destinadas a preservar la seguridad, analistas y actores políticos observarán la evolución de la medida tanto por su eficacia práctica para desarticular redes criminales como por sus implicancias geopolíticas en una región donde confluyen intereses de seguridad, recursos y poder político.