En el marco de la causa YPF, el Estado argentino comunicó a la jueza Loretta Preska su disposición a cooperar con la entrega de los mensajes y correos electrónicos solicitados por la justicia de Estados Unidos. En la presentación judicial, los abogados del gobierno solicitaron además una nueva prórroga para cumplir con el requerimiento: el plazo, que había sido extendido hasta el 4 de noviembre, se pide ahora postergar hasta el 21 de noviembre.

Según fuentes vinculadas al expediente, la petición de ampliación responde a la necesidad de gestionar el consentimiento de los 35 funcionarios y exfuncionarios cuyos intercambios fueron requeridos como parte de la investigación. La magistrada había establecido plazos para que la Argentina remita las comunicaciones o, en su defecto, justifique la imposibilidad de hacerlo.

El escrito presentado por la representación del Estado detalla que se está trabajando en obtener la autorización individual de las personas involucradas, en cumplimiento de los requisitos de privacidad previstos por la legislación local. Los letrados subrayaron que la cooperación con la solicitud no implica una admisión respecto del contenido de los mensajes, sino una decisión de facilitar el trámite judicial respetando las normas nacionales de protección de datos y los procedimientos administrativos aplicables.