Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa frente a la Justicia Federal
La causa que sacudió a Juan Bautista Alberdi en junio volvió a tomar impulso cuando la Justicia Federal de Tucumán asumió la investigación central por los presuntos delitos de narcotráfico, lavado de activos y asociación ilícita.
La causa que estalló en junio en Juan Bautista Alberdi volvió a reordenar su curso cuando la Justicia Federal de Tucumán resolvió asumir la investigación central por presuntos delitos de narcotráfico, lavado de activos y asociación ilícita. La decisión, firmada por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, implica un relevo en la conducción del expediente principal y la confirmación de la pesquisa iniciada por el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, aunque no absorbe la totalidad de las piezas: la presunta malversación de fondos públicos provinciales quedó en manos de la justicia ordinaria.
El caso tomó estado público en la primera semana de junio, cuando se difundió un audio en el que, según la acusación, el entonces intendente Luis Campos dialogaba con Roque “Chipi” Giménez, señalado como empresario de la construcción. Ese intercambio —en el que se aludiría al accionar policial, al comercio de estupefacientes y a irregularidades en la administración municipal— provocó un efecto inmediato: el gobierno provincial intervino el municipio y el Concejo Deliberante el 9 de junio, y fiscalías locales abrieron diligencias penales. En la instrucción de la justicia ordinaria, la fiscala Mónica García de Targa imputó inicialmente a Giménez por intimidación pública y atentado contra el orden público y luego amplió la nómina de investigados.
Entre los exfuncionarios apuntados figuran:Nombre Cargo Situación judicial José Roldán Exsecretario de Hacienda Prisión preventiva Albano Loru Exconcejal Prisión preventiva Pablo “Maceta” Barrionuevo Exresponsable de Desarrollo Social Prisión preventiva José “Cuchamota” Funez Gremialista Procesado sin medidas privativas
Con la intervención federal, la pesquisa centralizará pruebas que exceden el ámbito municipal y apuntan a estructuras de mayor envergadura: el contenido de teléfonos celulares, computadoras y sistemas de grabación (DVR) incautados en los allanamientos; informes patrimoniales sobre los imputados; documentación sobre contratos, licitaciones y pagos directos gestionados por la comuna; y las auditorías administrativas que se realizan en el marco de la intervención.
El exintendente Luis Campos y su esposa, la legisladora oficialista Sandra Figueroa, fueron citados a indagatoria en el marco de la causa federal, al igual que otros cuatro acusados que actualmente permanecen detenidos. Las citaciones abren una nueva etapa procesal: la fiscalía federal y el juzgado a cargo deberán determinar si las pruebas colectadas acreditan la existencia de delitos de carácter federal —como la vinculación con el narcotráfico, el lavado de activos y la asociación ilícita— y si corresponde profundizar medidas de prueba o solicitar medidas cautelares adicionales.
Paralelamente, la porción del expediente que investiga la presunta apropiación o desvío de fondos provinciales continuará en la justicia ordinaria, que ya lleva adelante diligencias sobre la base de las auditorías y las actuaciones administrativas derivadas de la intervención municipal. Esa bifurcación mantiene dos frentes de investigación: uno federal, con foco en redes delictivas y flujos ilícitos de dinero; y otro provincial, centrado en la conducta administrativa y el destino de recursos públicos.
La causa sigue su curso entre pericias informáticas, análisis patrimoniales y la valoración de contratos municipales, mientras la escena política y judicial de Alberdi continúa sometida a la atención pública. Las próximas semanas serán decisivas: las indagatorias de los principales involucrados y los resultados de las auditorías y peritajes condicionarán el alcance de las imputaciones y la dirección final de la investigación.