Caso Vialidad: piden que la condena a prisión de Cristina Kirchner se extienda a 12 años
El jefe de los fiscales presentó un dictamen de 13 páginas ante el máximo tribunal, en el que pidió agravar la condena de la expresidenta por asociación ilícita y un decomiso de $5.000 millones.
La reciente solicitud del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, a la Corte Suprema de Justicia ha generado un debate significativo en el contexto judicial argentino. En un dictamen de 13 páginas, Casal propuso que se imponga una condena de 12 años de prisión a la ex presidenta Cristina Kirchner por el delito de asociación ilícita, en el marco de la causa de Vialidad, que investiga irregularidades en la obra pública en la provincia de Santa Cruz.
En su presentación, el procurador no solo solicitó un incremento en la pena, sino que también abogó por un monto específico de decomiso de 5.321.049.272,42 pesos, lo que refleja la gravedad de las acusaciones y la magnitud de los fondos en cuestión.
Este requerimiento coloca a la Corte Suprema en una posición clave, ya que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti ahora tienen la responsabilidad de decidir el destino de la ex mandataria. El contexto en el que se desarrolla este caso es particularmente relevante. Argentina se encuentra en un año electoral, lo que añade una capa de complejidad a las decisiones que se tomen.
Cristina Kirchner, quien ha sido una figura central en la política argentina durante más de una década, podría ser candidata tanto en la provincia de Buenos Aires como en las elecciones nacionales. Esta posibilidad no solo afecta su futuro político, sino que también incide en la percepción pública sobre el funcionamiento del sistema judicial y su relación con el poder político.
La expectativa sobre la pronta resolución de la Corte es palpable, dado que el fallo no solo tiene implicaciones penales, sino que también incluye una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, en caso de que se confirme la condena. La decisión de la Corte podría, por tanto, marcar un hito en la historia política y judicial del país, al definir no solo el futuro de una figura política controvertida, sino también el rumbo del sistema judicial en Argentina.