En un reciente fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó la decisión unánime de rechazar la recusación presentada por la defensa de la exvicepresidenta Cristina Kirchner contra el juez Ricardo Lorenzetti. Este rechazo, que se dio a conocer en las últimas horas, se fundamentó en la falta de cumplimiento de los plazos procesales establecidos y en la carencia de fundamentos jurídicos sólidos que sustentaran el pedido de recusación. 

La solicitud de recusación había sido formulada el 5 de mayo, con el argumento de que el juez Lorenzetti carecía de imparcialidad. Los abogados de Kirchner basaron su argumento en una serie de notas periodísticas, disidencias judiciales previas y declaraciones televisivas del propio magistrado, así como en una denuncia presentada en el Senado por la senadora Anabel Fernández Sagasti. Según los defensores, el comportamiento del juez representaba una violación a los principios de imparcialidad judicial, principios que están consagrados en los Principios de Bangalore y respaldados por precedentes como el caso “Llerena”. No obstante, los miembros de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y el propio Lorenzetti, consideraron que muchos de los hechos alegados en la recusación ya eran de conocimiento público antes de la presentación del recurso extraordinario, que tuvo lugar el 13 de febrero. 

Por lo tanto, la Corte concluyó que esos argumentos debieron haber sido planteados en ese momento y no en una etapa posterior, lo que justificó su decisión de desestimar la recusación. Este episodio resalta la complejidad del sistema judicial argentino y el delicado equilibrio que se debe mantener entre la defensa de los derechos de los imputados y la necesidad de asegurar un proceso judicial justo y equitativo. 

La decisión de la Corte, aunque técnica en su esencia, tiene implicancias significativas en el contexto de un caso que ha captado la atención de la opinión pública y que continúa generando debate en la esfera política y judicial del país.