Causa YMAD: Seis años de prisión solicitados para el exrector Cerisola
Además, se requirió que todos devolvieran dinero, con cifras millonarias. Para Cerisola, el monto alcanza los 19.257.929.176,83 por la renuncia a las utilidades de Ymad.
La situación que rodea al ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Alberto Cerisola, ha generado un amplio debate en el ámbito académico y judicial del país. En el marco de un juicio que se ha prolongado durante más de un año, se han presentado serias acusaciones sobre el manejo de fondos provenientes de YMAD, una entidad que ha canalizado recursos significativos hacia la universidad.
El Tribunal Oral Federal se encuentra actualmente evaluando las solicitudes del Ministerio Público Fiscal, que ha pedido una condena de seis años de prisión para Cerisola. Las acusaciones no solo involucran a él, sino también a otros ex funcionarios, como Luis Fernando Sacca, Olga Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino, quienes también se enfrentan a penas que van desde dos a cuatro años de prisión.
Durante las audiencias, los fiscales Pablo Camuña, Lucía Doz Costa y Agustín Chit han desglosado meticulosamente las pruebas recolectadas, argumentando que los ex funcionarios incurrían en irregularidades significativas en la gestión de los recursos. El monto total de las restituciones solicitadas es considerable: para Cerisola se estipula una cifra que supera los 19 mil millones de pesos por la renuncia a las utilidades de YMAD. Además, se han solicitado devoluciones millonarias por sobreprecios en obras y otros gastos no justificados.
El caso ha suscitado un interés particular, no solo por la magnitud de las sumas involucradas, sino también por el impacto que esto podría tener en la imagen de la universidad y en la confianza pública en las instituciones educativas. La próxima etapa del juicio incluirá los alegatos del querellante Patricio Esperguín, seguido por la defensa de los acusados, que será llevada a cabo por un equipo legal compuesto por varios profesionales.
La resolución de este caso podría sentar un precedente importante en el manejo de fondos públicos y la rendición de cuentas en el ámbito universitario, un aspecto crucial para el desarrollo de una educación superior de calidad y transparente en Argentina.