En el ecosistema sindical argentino, donde las lealtades y las tensiones se entrelazan con el poder económico y político, la reciente tormenta en el Sindicato de Camioneros volvió a poner en primer plano a Hugo Moyano, figura central y enigmática de la dirigencia obrera. La remoción de al menos cuatro dirigentes de la comisión directiva —entre ellos el secretario administrativo, Claudio Balazic, y el secretario tesorero, Paulo Villegas— se produjo en un clima de hermetismo y versiones encontradas que alimentan tanto sospechas sobre manejos internos como especulaciones sobre reacomodamientos de poder.

Las pocas certezas apuntan a una causa judicial abierta en Mar del Plata, según consignó La Nación: una denuncia en la fiscalía N.º 10 a cargo del fiscal Carlos David Bruna investiga posibles irregularidades vinculadas al hotel 15 de Diciembre, propiedad del gremio. Entre los elementos bajo análisis figuran cheques firmados por directivos desplazados y la imputación sobre el exadministrador del establecimiento, quien habría sido expulsado de la organización. Sus defensores, en tanto, sostienen que carecía de facultades decisorias y que las operaciones cuestionadas se originaron en la sede del sindicato en Buenos Aires.

Paralelamente, la entidad sindical comunicó el cierre temporal del hotel para encarar reformas, una medida que, en el escenario público, contribuyó a reforzar la hipótesis de irregularidades administrativas. Pero las versiones no se limitan al terreno judicial: en los pasillos se barajan lecturas políticas y familiares que remiten a la intensa interna que atraviesa Camioneros desde finales de 2021.

Ese conflicto interno, que enfrentó a Hugo con su hijo Pablo, tuvo su punto de inflexión cuando Pablo reprochó el papel de la esposa del líder, Liliana Zulet, en la gestión de la obra social del gremio, administrada por la empresa IARAI. La disputa derivó en la remoción de Pablo de la secretaría adjunta de la Federación de Trabajadores Camioneros en diciembre de 2021 y en un progresivo desplazamiento de cuadros afines a él dentro de la estructura sindical. Pablo, relegado de la conducción nacional, concentró su actividad en la presidencia del club Deportivo Camioneros, que recientemente celebró un ascenso que algunos interpretaron como vitrina de su gestión.

En ese contexto, los relevos en la CGT y la promoción de cuadros considerados leales a Hugo —entre ellos Octavio Argüello, promovido a un rol destacado en la central— muestran un diseño de recomposición de poder. Moyano, además, habría favorecido a otros de sus hijos en distintos cargos, al tiempo que descartó impulsar a Jerónimo para un puesto en la próxima conducción cegetista, apostando a la figura de Argüello como representante de Camioneros en la central obrera.

Las explicaciones públicas que el propio Hugo Moyano ofreció en el Comité Central Confederal del 18 de septiembre fueron duras hacia Pablo y, al mismo tiempo, encomiásticas con Argüello: una mezcla de reproche y de puesta en valor del recorrido de quien, desde la gestión municipal y la actividad más humilde —la recolección de residuos—, llegó a ocupar cargos legislativos y ahora se perfila como sucesor dentro de la estructura sindical.

El resultado es un cuadro complejo: por un lado, una investigación judicial que podría desembocar en un escándalo si se confirman las imputaciones; por otro, una pulseada interna donde se reconfiguran lealtades, se colocan cuadros de confianza y se intenta neutralizar la influencia de quienes están más cercanos a Pablo Moyano. Para Hugo Moyano, la maniobra tiene dos objetivos convergentes: preservar su propia figura pública ante eventuales repercusiones judiciales y recomponer un liderazgo que, tras años de protagonismo, enfrenta fricciones familiares y políticas que amenazan su unidad interna.

En las próximas semanas, la evolución de la causa en Mar del Plata, las resoluciones internas del sindicato y las lecturas que los distintos actores sindicales y políticos hagan de estos movimientos serán determinantes para saber si se trata de un ajuste por razones disciplinarias y administrativas, de una estrategia preventiva ante un proceso judicial, o de un reacomodamiento de poder con sello personal y familiar. Mientras tanto, el cierre temporal del hotel y la remoción de dirigentes dejaron a la vista una organización que atraviesa una encrucijada: la necesidad de transparencia y la urgencia de mantener cohesión en un entorno hostil y vigilante.