En un nuevo avance judicial en la emblemática causa Vialidad, peritos contables de la Corte Suprema de Justicia actualizaron el monto que deberán reintegrar al Estado los condenados por corrupción en la obra pública. La cifra, que originalmente ascendía a $85 mil millones, fue corregida por inflación y ahora asciende a $684.990.350.139,86, es decir, casi 685 mil millones de pesos.

La actualización fue realizada en el marco de la ejecución de sentencia y se trata de un embargo solidario, es decir, que todos los condenados deberán responder conjunta y solidariamente por ese monto. Entre ellos se encuentra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque en libertad hasta que la condena quede firme.

El caso Vialidad investigó el direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos kirchneristas. El fallo de primera instancia, dictado en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N.º 2, encontró culpables a varios exfuncionarios por administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado. Entre los condenados figuran también el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el propio Báez.

Con esta nueva estimación, se busca que los responsables restituyan al Estado el daño económico ocasionado. El monto fue calculado tomando como base el perjuicio original y actualizándolo mediante coeficientes oficiales, para reflejar el impacto real que tuvo la maniobra en el patrimonio público.

Ahora, el nuevo monto deberá ser evaluado y aprobado por los jueces del Tribunal Oral Federal 2, quienes tienen a su cargo la ejecución del fallo. Si es validado, se avanzará con las medidas necesarias para embargar bienes o activos de los condenados hasta cubrir la suma estipulada.

La defensa de Cristina Kirchner insiste en que el proceso fue “armado” y tiene un trasfondo político. Sin embargo, la Justicia avanzó con la ejecución patrimonial de la condena, mientras el expediente continúa su camino hacia la Corte Suprema, donde se definirá si la sentencia queda firme.

Este revés económico se suma a un cuadro judicial complejo para la exmandataria, quien enfrenta otras causas en etapa de revisión, y se mantiene alejada formalmente de la política activa, aunque sigue influyendo en el escenario nacional.