Desde el Concejo Deliberante, respaldaron la suspensión de clases por el frío

El invierno en Tucumán ha traído consigo un panorama desafiante, especialmente para los grupos más vulnerables de la sociedad, como los niños y adolescentes. Las bajas temperaturas, que han sido catalogadas como excepcionales, han llevado a las autoridades a tomar decisiones que buscan priorizar la salud y el bienestar de los menores. En este contexto, se ha reprogramado el calendario escolar, una medida que, aunque pueda generar inquietud, “no implica necesariamente una pérdida de conocimiento”, sino más bien una adaptación a las circunstancias adversas. 

La comunicación emitida por el "Partido por la Justicia Social" ha resaltado la importancia de proteger a la niñez como un derecho fundamental. Se destaca que, “en momentos de crisis, el bienestar de los más jóvenes debe estar por encima de las especulaciones políticas. Las autoridades provinciales han actuado con la intención de salvaguardar a los sectores más afectados por el frío, lo que indica un compromiso con la salud pública”. 

Sin embargo, esta situación ha puesto en evidencia la polarización existente en el discurso político. Aquellos que critican la decisión de suspender actividades escolares a menudo son los mismos que han promovido recortes en el financiamiento de la educación pública, lo que plantea un dilema sobre la verdadera intención detrás de sus exigencias. La incongruencia entre reclamar condiciones óptimas en las escuelas y, al mismo tiempo, desmantelar los recursos destinados a la educación, sugiere una falta de coherencia que puede ser perjudicial para la comunidad educativa. 

En este escenario, es fundamental evaluar las decisiones desde una perspectiva neutral, reconociendo tanto las necesidades urgentes de salud como las implicaciones a largo plazo en la educación. La calidad educativa no puede ser un tema de debate superficial, sino que debe ser abordada con un enfoque que contemple las realidades económicas y sociales que enfrenta el sistema educativo. 

La responsabilidad de las autoridades es garantizar que, aun en circunstancias adversas, se mantengan las herramientas y recursos necesarios para asegurar una educación de calidad, mientras que la salud y el bienestar de todos los estudiantes se preservan como una prioridad indiscutible.