El concejal Carlos Ale arremete contra el empresario del transporte Jorge Berreta
El edil de San Miguel de Tucumán expresó su postura en defensa del transporte como un derecho fundamental, subrayando la necesidad de reducir la influencia de las presiones empresariales en este ámbito.
En la ciudad de Tucumán, el concejal Carlos Ale ha tomado la palabra en defensa de un proyecto que tiene como objetivo subsidiar la demanda de transporte público a través de descuentos en la tarjeta SUBE. En sus declaraciones, Ale criticó fuertemente a ciertos sectores empresariales, argumentando que estos reciben cuantiosos subsidios y, aún así, intentan influir en políticas que son competencia exclusiva del Concejo Deliberante. El concejal subrayó la importancia de su rol como representante de la ciudadanía, recordando que su deber es velar por el bienestar de los vecinos y fomentar políticas que aseguren un sistema de transporte público justo, accesible y de calidad.
De acuerdo con su perspectiva, los descuentos propuestos en la tarjeta SUBE están destinados a los usuarios, no a los empresarios del sector. "El Concejo Deliberante legisla en defensa del interés público, no de intereses privados", afirmó Ale, enfatizando que los ciudadanos de Tucumán lo eligieron para representarlos y no para rendir cuentas a aquellos que, según él, reciben subsidios millonarios y a pesar de ello, brindan un servicio deficiente. Aseguró que las unidades de transporte muchas veces representan un riesgo para la seguridad de los pasajeros, lo cual es inaceptable.
En respuesta a las declaraciones del señor Jorge Berreta, representante de AETAT, Ale se mostró firme al afirmar que Berreta no es un funcionario electo ni tiene la autoridad para cuestionar las decisiones del Concejo. Su postura fue clara: las empresas deben cumplir con su responsabilidad de ofrecer un servicio digno y no intentar controlar las políticas públicas como si fueran de su propiedad. Ale también destacó que su proyecto, actualmente en análisis, no afectará a las empresas, ya que incluye mecanismos de financiamiento sostenibles en colaboración con la Provincia y el Municipio.
Sin embargo, enfatizó que esto no implica ceder ante las presiones empresariales. Para él, el transporte se considera un derecho social y no un bien comercial destinado a maximizar ganancias. Finalmente, el concejal dejó un mensaje contundente: si las empresas continúan recibiendo subsidios millonarios, deben mejorar sus unidades, garantizar la frecuencia del servicio y dejar de ofrecer excusas. En su visión, Tucumán necesita un sistema de transporte moderno, seguro y accesible, y se comprometió a defender este objetivo desde el Concejo, sin conceder ante los intereses corporativos.