Elecciones del CAM: cómo un ‘voto’ definió el resultado
En un giro inesperado, la lista que, meses atrás, exigió la suspensión de las elecciones de magistrados por supuestas irregularidades logró imponerse por un voto y enviará al fiscal Daniel Marranzino y a Carlos Saltor como representantes al Consejo de la Magistratura.
La Lista N.º 2 de magistrados, integrada por los fiscales Daniel Marranzino y Carlos Saltor, se impuso por un voto en las elecciones para cubrir una vocalía en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Según el escrutinio oficial, la nómina vencedora obtuvo 80 sufragios frente a 79 de la Lista N.º 3, encabezada por Alberto Acosta (titular) y María Alejandra Balcázar (suplente). De este modo culminó una contienda breve pero disputada que mantuvo en expectativa al Poder Judicial por acusaciones cruzadas y presentaciones judiciales que, en algún momento, hicieron dudar sobre la realización efectiva de los comicios.
La participación registrada fue elevada: en las dos sedes habilitadas —el Palacio de Justicia y el edificio del Fuero Penal— emitieron su voto 159 magistrados. Pese al resultado ajustado, el triunfo de Marranzino y Saltor se produce en el contexto de una denuncia de gravedad elevada por su apoderado, Raúl Robín Márquez, ante la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo.
La jornada electoral transcurrió, según coincidieron portavoces de ambas listas, con normalidad en lo operativo y en el desarrollo del acto de votación. Sin embargo, las acciones judiciales vinculadas al proceso continuaron tras el cierre de la votación. El apoderado de la Lista N.º 2 presentó el domingo una ampliación de denuncia por supuesta mala fe procesal y falsedad, dirigida a la Cámara Contencioso Administrativo. En ese escrito se apunta contra la Junta Electoral por, a criterio de los denunciantes, intentar inducir a error mediante “afirmaciones fácticas sin respaldo”, en particular sobre la difusión y el supuesto conocimiento previo del cronograma electoral por parte de los magistrados.
La ampliación solicitó que, de acreditarse la falsedad de lo denunciado, las actuaciones sean remitidas a la Fiscalía para que se investigue de oficio la conducta atribuida a los integrantes del órgano electoral, porque se sostiene la posibilidad de haber falseado un documento público. Por el momento, la impugnación se suma al acervo de presentaciones que rodearon la elección y continuará su trámite en la vía administrativa y judicial correspondiente, mientras la integración del Consejo Asesor de la Magistratura queda definida provisionalmente por el resultado anunciado.