Julieta Makintach, jueza con notoriedad en el ámbito judicial argentino, hizo oficial su renuncia, un acto que ha captado la atención de la opinión pública y del mundo legal. La decisión fue comunicada por su abogado al jurado de enjuiciamiento que se preparaba para evaluar su conducta profesional en relación a una controversia que la involucró directamente. 

La controversia en cuestión se desató cuando se reveló que Makintach había sido contratada por una productora para participar en un proyecto audiovisual que documentaría el juicio por la muerte de Diego Maradona. Este hecho generó un intenso debate sobre la ética y la imparcialidad en el ejercicio de la función judicial, especialmente al coincidir con la celebración de las audiencias del juicio oral. Su renuncia, que se produjo tras la primera audiencia del jurado de enjuiciamiento, parece haber sido un movimiento estratégico para evitar un proceso que podría haber comprometido su carrera y su reputación. 

En esta audiencia inicial, los integrantes del jurado ya habían decidido aceptar las ocho denuncias que se habían presentado en su contra, incluyendo la denuncia formulada por el procurador Julio Conte Grand. 

El caso de Julieta Makintach pone de manifiesto el delicado equilibrio que debe existir entre el deber de los funcionarios judiciales y la atención pública que generan casos de alta relevancia mediática. La situación plantea interrogantes sobre cómo los jueces deben manejar su imagen y su participación en proyectos relacionados con causas de gran interés social, y qué implicaciones puede tener esto en la percepción de justicia y en la confianza pública en el sistema judicial. 

Con su renuncia, se cierra un capítulo en la carrera de Makintach, pero el debate sobre la relación entre la justicia y los medios de comunicación, así como la ética en la función judicial, continúa vigente en la sociedad argentina.