Impacto de la crisis económica en los colegios privados de Tucumán

La creciente inflación y la continua actualización salarial golpean con fuerza a los colegios privados de Tucumán, que enfrentan un escenario de morosidad en ascenso. Según el delegado episcopal de Educación, profesor Daniel Nacusse, en varias instituciones la mora de las familias supera el 50%, una situación que pone en riesgo la sostenibilidad administrativa y la continuidad del servicio educativo.

Aumentos de cuotas y mecanismos de ajuste

Nacusse señaló que, ante la presión inflacionaria y los incrementos salariales periódicos, en octubre se aconsejó un ajuste de las cuotas que oscila entre el 4% y el 7%. Explicó que los salarios docentes reciben actualizaciones mensuales y que existen dos criterios de cálculo: un porcentaje fijo y la incorporación de lo que arroja el índice de precios al consumidor. Para aliviar a las familias, algunas instituciones aplican los aumentos cada dos meses en lugar de hacerlo mensualmente.

Además, advirtió que ciertos colegios aplican la resolución 419, que contempla otro método de cálculo, lo que explica variaciones en los montos facturados y posibles incrementos por encima del 7% en algunas boletas.

Morosidad histórica y prioridades de gasto

El delegado calificó la morosidad de 2024 como «más alta que la histórica» y señaló casos donde supera el 50%. Frente a esa realidad, las instituciones priorizan el pago de salarios docentes, lo que puede derivar en el ingreso a planes de regularización con la AFIP y en la acumulación de otras deudas. Nacusse subrayó que, si las familias no priorizan el pago de la educación, la gestión de matrículas para el ciclo 2025 será extremadamente complicada.

Sobre la matrícula 2025, explicó que en agosto muchos colegios comenzaron a fraccionarla en cinco cuotas para acompañar a las familias. Recordó que la normativa establece que el valor de la matrícula equivale a dos veces la cuota de diciembre, cuyo monto final dependerá de la evolución de la inflación.

Asimismo, observó que en 2024 no se produjo la habitual recuperación de ingresos a partir de agosto: solo las familias con mayor hábito de pago anticiparon cuotas, mientras que la masa de morosos mantiene la presión financiera sobre las instituciones. Previó una «gestión de deuda muy conflictiva y difícil» hacia fin de año.

Rol del Estado y herramientas frente a la morosidad

Nacusse planteó que el aporte estatal previsto por el decreto 2191, que regula la gestión privada y el financiamiento, no se está cumpliendo en los términos de la norma. A su criterio, si los aportes estatales fueran los establecidos, sería menor la necesidad de trasladar costos a las familias.

También reclamó la construcción de herramientas legales que equilibren derechos y obligaciones: mencionó situaciones en las que familias inscriben a alumnos, pagan la matrícula y luego dejan de abonar cuotas sin consecuencias inmediatas, ya que la normativa vigente impide la retirada del alumno hasta fin de año, lo que, según su visión, genera espacios para el abuso.

Evaluación del sistema de vouchers

Sobre el programa de vouchers educativos del Gobierno nacional, Nacusse lo calificó como un sistema fallido. Señaló retrasos en su implementación, inconsistencias en la información requerida y demoras en la llegada de la ayuda, que en muchos casos cubrió solo alrededor del 30% de una cuota. Además, apuntó que el registro de la morosidad por parte de las escuelas no siempre se correspondía con la recepción efectiva del aporte familiar asociado al voucher.

Conclusión

El panorama descrito por el delegado episcopal advierte sobre la fragilidad financiera de las instituciones educativas privadas en Tucumán frente a la inflación persistente y la morosidad creciente. Las medidas adoptadas por las escuelas —fraccionamiento de matrículas, ajustes periódicos y priorización del pago de salarios— buscan sostener el servicio, pero no alcanzan para resolver un problema estructural que, según los responsables del sistema, también requiere una respuesta estatal más diligente y herramientas legales claras para garantizar el equilibrio entre el derecho a la educación y las obligaciones de las familias.