Fentanilo mortal: vínculos millonarios entre los dueños del laboratorio investigado y Lázaro Báez
Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB, compartió sociedades, jets privados y negocios con testaferros del empresario K. Documentos revelan visitas a prisión y una empresa de vuelos chárter.
La causa por las muertes asociadas al fentanilo adulterado sacó a la luz una compleja red empresarial con vínculos directos al empresario kirchnerista Lázaro Báez. En el centro del entramado aparece Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, investigado por fallas de calidad en medicamentos que provocaron al menos 53 muertes y por posibles nexos con el narcotráfico.
García Furfaro figura en la sociedad Top Air S.A., una empresa de jets privados que tenía como sede principal la calle Libertad 141 de Río Gallegos, corazón del imperio de Báez. En ese mismo domicilio se radicaban varias firmas vinculadas a Austral Construcciones, y en registros alternativos figura la dirección Yerbal 1021, piso 5° A, en Caballito, domicilio de la madre de García Furfaro y donde también se registraban otras sociedades del grupo.
En marzo de 2016, a sólo semanas de la detención de Báez —ocurrida el 5 de abril de ese año cuando descendía de uno de sus aviones en San Fernando—, Top Air cambió formalmente su domicilio a Caballito. Ese movimiento coincidió con maniobras empresariales destinadas, según sospechas judiciales, a evitar embargos y decomisos por la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
Jets privados, testaferros y hangar compartido
Top Air tenía una composición accionaria clave: Walter Adriano Zanzot (51%) y Austral Construcciones (49%). Zanzot, contador de Báez, aparece en los videos de "La Rosadita" y fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión por lavado de dinero. En registros oficiales, continuó como presidente de Top Air incluso después de la detención de Báez.
Zanzot y García Furfaro también compartieron negocios en la empresa Aviación del Atlántico Sur S.A. (Aassa), propietaria del hangar del aeropuerto de San Fernando, desde donde operaban las aeronaves de Báez. Allí hoy descansa el Learjet 31A (matrícula LV-BFE) de García, uno de los pocos de su tipo en el país, que utilizó frecuentemente para viajar a Paraguay.
Ese avión fue adquirido a una firma petrolera neuquina y figura actualmente a nombre de Adancard, una sociedad de García Furfaro, rebautizada Adan Producciones, con la que también incursionó en el canal IP, del sindicalista Víctor Santa María.
Entre 2016 y 2017, García Furfaro se quedó con parte del taller de Aassa y un lote contiguo al hangar, presuntamente para expandir operaciones. La transferencia, según documentos judiciales, formaba parte de una maniobra para evitar que esas instalaciones fueran alcanzadas por los decomisos a Báez.
Aviones incendiados y empresas portuarias sospechadas
De las tres aeronaves de Báez, dos fueron rematadas por el Estado en 2021. La tercera, un Learjet (LV-ZSZ), se incendió en octubre de 2015 durante una maniobra de despegue. Ese avión había sido comprado a los hermanos Juliá, condenados por narcotráfico, y el incendio fue objeto de investigación judicial por sospechas de contrabando internacional.
El intento de venta de Top Air a la firma PTP Group —especializada en operaciones portuarias en la hidrovía del Paraná— también estuvo relacionado con García Furfaro. PTP, cuya dirección oficial es Ramallo, mismo distrito donde se ubica el laboratorio investigado, intentó adquirir la sociedad por US$ 4 millones, a través de una intermediación de García Furfaro y su contador Diego Castrillón.
PTP Group está bajo investigación en Argentina, Uruguay y Paraguay por posibles vínculos con el crimen organizado, y en Paraguay una subsidiaria fue beneficiada con licitaciones sospechosas durante la presidencia de Horacio Cartes, a quien García visitó oficialmente en noviembre de 2023.
HLB Pharma, venta sospechosa y vínculos políticos
La trama suma un nuevo capítulo con la venta formal de HLB Pharma y el laboratorio de Ramallo, que se habría concretado a principios de este año, justo cuando estalló el escándalo. El comprador en los papeles fue el abogado Sebastián Nanini, quien rescindió la operación a través de una cláusula de indemnidad tras la crisis sanitaria.
Nanini tiene estrechos lazos con los García y con la Justicia de la provincia de Buenos Aires, además de haber representado legalmente a la exesposa y a uno de los hijos de Báez. También era el nexo entre el laboratorio y la Municipalidad de José C. Paz, gobernada por Mario Ishii, uno de los distritos donde se distribuyeron grandes cantidades de medicamentos producidos por HLB. /La Nación